En sesión secreta, el bloque K bloqueó y archivó el juicio político a Alicia Kirchner

Impuso la mayoría en la Legislatura de Santa Cruz.
Alicia Kirchner evitó la destitución, con el apoyo cerrado del bloque K en la Legislatura.

El Frente para la Victoria rechazó el pedido de juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner impulsado por los gremios de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y la CTA Autónoma, con más de 5.000 firmas de ciudadanos de Santa Cruz, por la mayoría especial requerida en sesión secreta de la Sala Acusadora, que refleja la relación de fuerzas existente en la Legislatura provincial.

Antes de imponer su mayoría especial de ocho votos, los diputados del FpV fundamentaron el rechazo a la continuidad del proceso al advertir supuestamente "intencionalidad política con fines de destitución" y adjudicar a los gremios que nuclean a los maestros y a los empleados judiciales "responsabilidad en la crisis educativa y en la parálisis de la Justicia", entre los incumplimientos adjudicados a la administración.

La oposición contó con la inasistencia del diputado radical Gerardo Terraz, cercano al intendente caletense, Facundo Prades, enfrentado con el liderazgo del diputado nacional Eduardo Costa. Es el mismo intendente que fue filmado y denunciado por, presuntamente, haber solicitado una coima de dos millones de pesos.

"Lo que sucedió acá es una aberración; por una interpretación errónea de la Constitución y del artículo 4 de la Ley 13, que establece el procedimiento de juicio político", dijo Romina McNamara, de la CTA Autónoma Santa Cruz.

Para la empleada judicial, los diputados "no pueden decir que es una cuestión política; era muy fácil porque los solo enunciados que presentamos coinciden con la realidad de que en Santa Cruz no están garantizadas la educación pública, la salud, el servicio de justicia, las prestaciones sociales, no se pagan los salarios en tiempo y forma y hasta tenemos funcionarios presos".

McNamara, entre un puñado de manifestantes que esperaban el resultado en la puerta de la Legislatura, explicó que "lo que tenían que resolver los diputados es si las causales que presentamos están dentro de lo que dice el artículo 138 de la Constitución Provincial, como cargos para hacer un juicio político; ni siquiera tenían que meterse dentro de las causales".

Entre otras conductas objetadas, los impulsores del juicio político cuestionaron el nombramiento como juez de primera instancia de Marcelo Bersanelli, cuñado del diputado nacional Máximo Kirchner; de funcionarios procesados, como la esposa del diputado nacional, Rocío García, en Salud; de María Cecilia Velázquez, en Educación; de Romina Mercado -hija de la gobernadora-, en la Fiscalía de Estado, y del detenido contador Víctor Manzanares, síndico del Banco Santa Cruz. (Tílam)

Fuente: edicioncalificada.com.ar