"Milagro Salas comanda la Tupac Amaru desde su casa, atenta contra el Estado".
El diputado nacional Alfredo Olmedo y el Diputado Provincial Carlos Zapata, piden a la justicia la revocación de la prisión domiciliaria de Milagro Salas por incumplimiento de las condiciones que impone el rígimen penitenciario y por la amenaza que genera en la sociedad jujeña y del resto del país.
"Salta Somos Todos es el único espacio político que se expresa fuertemente en este sentido. Tememos por la paz social. Milagro Salas debe estar presa y trabajando. Aterroriza el pueblo de Jujuy y a la Argentina. Queremos que caiga todo el peso de la ley. Los delincuentes deben estar presos" sostienen Olmedo y Zapata, quien realizaron la presentación de "Amicus Curiae" en la Cámara Fedral de Apelaciones de Salta con pedido de remisión a Jujuy y en el Tribunal Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, bajo el patrocinio de la Dra. Mariela Pírez Cesaratto T 500 F 125.
El escrito solicita que se extienda la imputación para otros delitos que están contemplados en el Código Penal, tales como instigación, intimidación pública, rebelión y sedición. La revocación de la prisión domiciliaria y la aplicación de prisión preventiva común por violación al reglamento penitenciario y por peligrosidad procesal y social evidentes. La presentación exige que la justicia aplique los artículos 209, 210, 210 bis, 213 bis, 226, 226 bis, 229 y 230 del Código Penal.
El argumento central se apoya en la aplicación de los artículos mencionados, los cuáles expresan claramente que las penas "No" son excarcelables, por cuanto, se considera que Milagro Salas debe ir presa al igual que sus compañeros más cercanos.
Para Olmedo y Zapata la organización "Tupac Amaru" liderada por Salas, es una organización si no es terrorista, al menos es sediciosa y la justicia debe considerar la situación de riesgo en que se encuentra la sociedad al permitir la prisión domiciliaria y la cercanía de ísta con los integrantes de dicho grupo.
*"Nos cuesta 3 millones de pesos mantener a Salas en las condiciones en las que está. Cuesta más que la Guardia del gobernador" indicaron. Además manifestaron que la Argentina está frente un gobierno tolerante que no actúa por temor, que no hay jueces ni fiscales que apliquen la ley, ni abogados que se atrevan a solicitar la aplicación de la norma. "Sin autoridad que aplique la ley vamos hacia el caos y a que estas organizaciones violentas bancadas por el narcotráfico socaven el Estado. Los corruptos deben estar presos y trabajando." concluyeron.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
