Aprobado por unanimidad, el proyecto del PEN, apunta a facilitar la participación electoral y contempla no quitarle la personería a los partidos que no hubieran podido realizar elecciones internas, cumplir con el caudal de afiliados necesarios y utilizar los fondos destinados a la capacitación de sus integrantes.
La senadora por Santa Fe y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun (FdT), fue la miembro informante de la Orden del Día 27/21, iniciativa que “suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos para su funcionamiento operativo en el marco de la pandemia”.
La senadora Sacnun destacó que “en la reforma constitucional de 1994, los partidos políticos fueron incorporados como instituciones fundamentales en los que se asienta la República y el sistema democrático”.
Resaltó que “la pandemia Covid-19 le impidió a muchos partidos políticos realizar sus elecciones internas para elegir autoridades y candidatos para los próximos comicios”. Dijo que “hay partidos políticos que tienen cronograma electoral y vida interna y que estos están exceptuados de la nueva normativa”. Subrayó que “también se tuvo en cuenta a los partidos que no hubieran podido mantener la cantidad mínima de afiliados necesarios para mantener su personería” y a “aquellos que no hubieran podido cumplir con los objetivos de capacitación y que producto de ello pudieran ver en riesgo su personería política”.
Concluyó su presentación diciendo que “se le está garantizando a los partidos políticos su continuidad para que puedan participar en las próximas elecciones y que sigan dando los grandes debates que hacen necesario construir políticas de Estado”.
Entre los puntos destacados del proyecto se resalta:
“Los partidos políticos de distrito y nacionales que no hayan podido renovar sus autoridades con motivo de la emergencia pública por la pandemia de covid-19 podrán actuar durante el 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral”.
Esta afirmación “no será aplicable a los partidos políticos respecto de los cuales esté en marcha un proceso electoral interno en los términos del artículo 29 de la ley 23.298 de partidos políticos. Dichos procesos continuarán hasta su efectiva realización, siempre que los mismos no se vean interrumpidos por nuevas medidas sanitarias excepcionales que pudieran dejar inconcluso el proceso electoral interno.
Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos (destinar un porcentaje del aporte anual a actividades de capacitación).
Se dispone que los partidos políticos puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar las capacitaciones de manera digital. Las sumas que no hubieran sido ejecutadas durante el ejercicio 2020 deberán reservarse para el ejercicio 2021 con idéntico destino.
La senadora por La Rioja, Clara Vega (Interbloque Federal) recordó las dificultades que la situación sanitaria produjo en el funcionamiento de los partidos políticos. En ese punto reclamó una reforma profunda sobre el funcionamiento de los partidos, dando garantías y permitiendo participar a la mayor parte de la ciudadanía.
La senadora Vega sostuvo que “habría que buscar mejores formas de participación electoral. Más días de votación y la implementación de la boleta única”, entre otras propuestas. Vega reivindicó la realización de las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).
La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (JxC) fue la miembro informante del apoyo de su bancada a la iniciativa. Recordó que era necesario contar con los dos tercios de los votos. Citó a Juan Bautista Alberdi para destacar que “los partidos políticos son los que de manera transversal incorporan a los ciudadanos a la vida democrática”. En este punto, dijo que “fuera de los partidos políticos las únicas opciones son: la dictadura, cosa que nadie quiere, o las corporaciones”. Consideró que “el proyecto apunta al fortalecimiento de los partidos políticos, ya que la pandemia impidió, en muchas provincias, renovar autoridades”.
A continuación se aprobaron, con media sanción, dos iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional: la aprobación del tratado de extradición con la República Checa y la aprobación de la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. En ambos casos se aprobaron por el voto unánime de los senadores presentes.
El titular de la comisión de Relaciones Exteriores, senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT) fue el miembro informante de ambas iniciativas. Recordó que en el caso del tratado de extradición con la República Checa “es el primero en la historia de ambas naciones, ya que la República Checa formó parte de lo que en el pasado se conoció como Checoslovaquia”. Destacó que se trataba de un tratado simple de extradición que contempla las tradicionales figuras de no extraditar por motivos políticos o religiosos o en el caso de que una figura delictiva no fuera contemplada en los códigos del otro país.
Zona de desastre en la Comarca Andina
Una iniciativa parlamentaria impulsada por los tres senadores nacionales de la provincia de Chubut y los tres senadores nacionales de la provincia de Río Negro, declaró “zona de desastre y emergencia ambiental, económico y sociológico por el plazo de 180 días prorrogable por otros 180 días en las zonas de Cushamén y El Bolsón. También se incluyó a la zona del Departamento Bariloche para atender los desastres de la zona de El Bolsón.
El senador por Chubut, Alfredo Luenzo (FdT) informó sobre la iniciativa y subrayó que “los incendios que estacionalmente afectan a la Región Andina afectó en un 40 por ciento a esta comarca” y que “más de 350 mil familias están afectadas por este desastre. 350 mil familias que lo han perdido prácticamente todo”.
El proyecto promueve la asistencia económica y financiera para reconstruir las propiedades afectadas, así como medidas impositivas especiales para la región, prórroga para los vencimientos que graven el patrimonio o el aparato productivo. Lo mismo vale para los juicios en ejecución, los que deben detenerse por el período previsto en la declaración de emergencia.
Luenzo reafirmó que la medida “es un primer tramo de respuesta y contención a esta emergencia y por eso se lo contempla por 180 días y se prevé su posible prórroga por otro período similar”.
