CAME vive las horas más difíciles de su historia, con graves problemas con la justicia, fuertes cuestionamientos internos, una pelea áspera con el Gobierno nacional y ahora una elección de autoridades cuestionada por donde se la mire. Varias fuentes involucradas señalan que “nunca había sucedido algo semejante”.
Tal cual se había anunciado desde distintos sectores y por parte de diferentes medios, se proscribieron todas las listas opositoras, y la conducción rotó cargos, poniendo como presidente a una persona que secundó al ex interventor José Bereciartúa en la intervención de OSDEPYM, y donde fueron echados los dos, por graves denuncias de corrupción. La Asamblea que eligió a las nuevas autoridades de CAME, será invalidada por la justicia, por carecer de legalidad y legitimidad.
Uno de los primeros objetivos de la gestión macrista fue el apoderarse de CAME. Por eso el ex presidente Mauricio Macri, puso en ese tristemente célebre listado de personas que él consideraba que debían ser subidas a un cohete y mandarlas a la luna, a empresarios a los cuales les debía dinero, sindicalistas que luchaban por los derechos de los trabajadores, militantes de derechos humanos, periodistas críticos, dirigentes sociales y al constructor de CAME Osvaldo Cornide.
CAME fue una de las prioridades macristas y uno de los primeros espacios donde mediante una asamblea amañada consiguió hacer pie.
Los dirigentes de CAME que reemplazaron a la conducción de Cornide, dejaron de velar por los intereses de las pymes como hacía Osvaldo Cornide, y pasaron a velar por los intereses de Mauricio Macri y su gobierno, quien desencadeno el mayor cierre de pymes de la historia argentina, superando con creces, a la dictadura y al menemismo.
Mientras las pymes cerraban por la política gubernamental que priorizaba la timba financiera, la fuga de capitales y el colosal endeudamiento que hoy condiciona la vida de todos los argentinos, los dirigentes de CAME, se fotografiaban sonrientes con Macri, Dujovne y cía.
Estos dirigentes que se quedaron con la conducción de CAME, de la mano de la justicia macrista y a espaldas de las bases que respaldaban a Cornide, callaron acerca del cierre masivo de pymes, lograron ubicar como interventor de la obra social OSDEPYM, al devenido en macrista, Secretario General de CAME, José Bereciartúa, y le dieron todos los negocios de tercerización a nada más y nada menos que a Carlos Grosso, ex intendente echado por corrupción, que cumplió una condena y que se convirtió en integrante de la mesa chica de los negocios del macrismo.
Mauricio Macri fue el primer presidente desde el retorno de la democracia que no pudo conseguir la reelección, ni siquiera pudo llegar al balotaje. La ciudadanía le dio la espalda, pero el ex presidente retuvo algunos espacios de poder. Entre ellos CAME.
El pasado 19 de este mes, se realizó una asamblea que debía renovar las autoridades de la principal gremial empresaria pyme. Las bases exigían hace mucho un cambio. No podía ser que los mismos que aplaudieron el pymecidio macrista, condujeran la organización cuando se trata de reconstruir a las pymes en la post pandemia.
Sin embargo, los mismos que aplaudían el cierre de pymes, se aseguraron de proscribir todo intento de lista opositora y quedarse al mando rotando cargos, ubicando en la presidencia a quien el macrismo había puesto como segundo del interventor en OSDEPYM, en la gestión de José Bereciartúa, que fue echado por el propio Macri, luego de la enorme cantidad de denuncias de corrupción, que iban de contratación de empresas de su familia, fraude electoral documentado, compras sin licitación a precios astronómicos, nunca haber presentado balances, hasta pagos a sus propios abogados con fondos de la mutual. Alfredo González el nuevo presidente de CAME, secundaba al echado interventor José Bereciartúa, y tuvo que irse con él, cuando el mismo macrismo los echó.
En esta elección, el oficialismo de CAME que le responde al ex presidente Macri, proscribió a la lista que podía derrotarlo legítimamente: la Lista FRENTE FEDERAL PYME. Las razones de la impugnación no admiten el menor nivel de seriedad. Las actuales autoridades siempre supieron que sí competían contra una lista que representara a las pymes y no al macrismo, el riesgo de perder la conducción era muy grande.
Hace un año, la Inspección General de Justicia ya había anulado la asamblea por graves irregularidades. La Cámara en lo Contencioso Administrativo había rechazado la apelación de la entidad y le hizo un fuerte llamado de atención al presidente, Gerardo Díaz Beltrán.
Voceros sectoriales dieron cuenta que “la actual conducción pretendió aquella vez como hoy también, designar autoridades sin mostrar balances y memorias desde 2019 como exige el Estatuto”.
Desde la cúpula de CAME vinculan toda crítica e intento de presentar una oposición, hoy proscrita, con La Cámpora que, según declaró el titular de la entidad en diversos medios, está buscando “quedarse con el control” de la entidad.
De todos modos, quienes encabezan las críticas dentro del organismo están lejos de La Cámpora. El primero en denunciarlo fue Pedro Humberto Salas, nada menos que de la Sociedad Rural de Córdoba.
Este dirigente pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos.
Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto. Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Ellos son los doctores Martín Blanco y Ana Castagnino.
Luego, acaeció una segunda denuncia. En este caso presentada por el recientemente fallecido, vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información.
Las denuncias apuntan también a la creación de la empresa denominada Pymetic SA, para el manejo de CAME PAGOS, poniendo el foco en el destino final que tenían los fondos recaudados y si las ganancias eran para la Confederación y sus socios, o era parte de una triangulación de empresas, entre las que se nombra a Feentech SA. Teipesa SA representa el 50 % de Pymetic SA, mientras que el otro 50 % corresponde a una sociedad denominada Feentech SA.
Dicha empresa está en el ojo de la tormenta atento a que el 50 % de lo recaudado en lugar de retornar a sus socios queda en poder de Feentech SA en cuyo directorio esta la esposa del ex intendente porteño Carlos Grosso. Este entramado de empresas y la atípica asociación entre Teipesa SA y la empresa vinculada a Grosso, forman parte de una investigación que complica a la cúpula de CAME.
A raíz de estas irregularidades, se solicitó se realice una auditoría integral de las firmas Teipesa S.A. y Pymetic SA, a lo que se sumó que el consejero Claudio Vodanovich, solicitó la inclusión de un veedor para garantizar la independencia y transparencia de la misma.
Pese a los reclamos, la “cúpula” de CAME se negó rotundamente a su tratamiento, no sólo por las irregularidades que podrían surgir de Teipesa SA, sino además por la inexplicable participación de Feentech SA. El tema genera un fuerte debate, no obstante lo cual la cúpula de CAME hasta ahora, se mantuvo en la negativa e impidió la realización de la auditoría.
Con este panorama, las irregularidades no sólo persisten sino que se acrecientan y se potencian a la luz de las maniobras dilatorias y de ocultamiento de la conducción de CAME. Desde la IGJ y luego del aval de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, señalan que no ven forma de habilitar la Asamblea en estas condiciones y dan por hecha su anulación.
