La Mesa de la Honorable Convención Nacional de la UCR declara: "La reciente sentencia de la Corte Suprema de la Nación respecto de la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería ser leída con más cuidado por el gobierno nacional; ese fallo no debería interpretarse como una autorización para la venganza contra el grupo Clarín sino como la necesidad de hacerse cargo de la obligación de garantizar lo que la ley promete en materia de libertad de expresión; las notas de los primeros artículos de la ley son de cumplimiento obligatorio para el gobierno y que no deberían ser entendidas como una retórica destinada a encubrir intenciones de censura y persecución".
La declaración de la UCR continúa: "Los legisladores de nuestro partido se opusieron a esta norma porque no cayeron en un falso dilema. Que la ley anterior fuera de la dictadura no era motivo suficiente para aceptar una ley que ponía en riesgo la liberad de expresión. Hoy la Corte Suprema de la Nación ha fallado sobre la
constitucionalidad de la norma y ella integra plenamente el derecho argentino. Ello trae más obligaciones para el gobierno.
"Los ciudadanos movilizados desde el año pasado en defensa de la libertad de expresión han ratificado en las urnas su mandato al gobierno sobre la necesidad de que el gobierno asegure nuestras libertades.
"Lamentablemente, funcionarios del gobierno han interpretado equivocadamente las consecuencias del fallo y se han dedicado a teatralizar sus acciones en relación con el Grupo Clarín. Otros se dedican a amedrentar periodistas. Sólo así puede entenderse la visita de la AFIP a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú: ejemplo de conciencia cívica y compromiso con la libertad de los argentinos, miembro de la CONADEP. Debe decirse que aquella se produjo luego de que la periodista denunciara la persecución a los periodistas independientes por parte del gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El retorno de la Presidente a sus funciones debería implicar un cambio derumbo en la orientación de la política del gobierno respecto de la libertad de expresión. La Presidente debería acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y hacer de AFSCA una oficina tícnica e independiente del gobierno y de los grupos de presión a fin de que la aplicación de la llamada ley de medios sea conforme a los objetivos que se plantea la ley y responda a las exigencias nacionales e internacionales de respeto a la libertad de expresión. Para ello debería empezar por reemplazar al actual Presidente del Directorio cuyas prácticas autoritarias son incompatibles con la defensa de libertades o derechos algunos.
"La libertad de expresión supone tambiín el acceso a la información pública. El gobierno incumple con el decreto de acceso a la información pública. Prueba de ello es la reciente sentencia judicial respecto de dar cuenta de los contratos que se realizan en el canal del Estado.
"La democracia representativa requiere que el ciudadano cuente con información adecuada sobre la acción de sus mandatarios. Los gobernantes no son los dueños del gobierno, solo representan a los ciudadanos en el gobierno. Los representados tienen el derecho de conocer las acciones del gobierno para poder controlar y reclamar sus derechos ante la justicia en caso de violación de los mismos.
"El retorno de la Presidente a sus funciones debería implicar un cambio significativo en las acciones del gobierno respecto de la libertad de expresión. El pueblo en las urnas le ha ratificado al gobierno su vocación democrática y republicana. Esperamos que la Presidente sepa leer correctamente el mensaje.
Lilia Puig de Stubrin: presidenta
Carlos Pírez Gresia: vicepresidente
Santiago López: vicepresidente
Cristina Guevara: secretario
Carlos Martín: secretario
Mabel Bianco: secretario
Próspero Nieva: secretario
Fuente: edicioncalificada.com.ar
