La nueva ley busca regular la modalidad de trabajo a distancia.
Para tecnológicos fomenta que los recursos sean contratados por firmas del exterior, estiman caída de la inversión y millonaria pérdida en términos de recaudación por tributos que no se pagarán localmente.
A diferencia de lo que pasó con la Ley de Economía del Conocimiento que, tras su aggiornamiento, logró un amplio consenso del sector privado, el debate en torno a la aprobación de la Ley de Teletrabajo comienza a sumar voces de discordia y preocupación.
La ley ya tiene media sanción de Diputados y fue girada a la Cámara alta para su análisis, primero en Comisiones y luego en el recinto. Antes, algunas cámaras empresariales comenzaron a trabajar planteando las dudas que la nueva norma supone.
Cabe recordar que la Ley de Teletrabajo apunta a regular el trabajo remoto y, entre otros puntos, señala que las empresas deben proveer el hardware y el software, además del resto de soportes y las herramientas para sus tareas.
También prevé que las empresas compensen los gastos generados por algunos servicios. Establece que se deben fijar acciones para garantizar el derecho a la desconexión de los empleados y también que, en el caso de requerirlo, se debe volver a recibir en las instalaciones de la empresa a los empleados que quieran dejar el teletrabajo.
Ese es uno de los puntos que genera polémica. “Si vamos a hacer toda una reconversión y encaramos inversiones para que los empleados trabajen desde su casa, es probable que reduzcamos los espacios de las oficinas. Ahora, la ley plantea que el empleado que quiera puede volver. Son puntos complicados. Nosotros somos un sector que hace tiempo trabajamos con el home office, pero prima el criterio y el sentido común, si vamos a un marco legal rígido y estático va a haber complicaciones. Creo que esta ley fue pensada para otros rubros o sectores, pero no para el nuestro donde, hace tiempo venimos incorporando el teletrabajo”, plantea Pablo Gigy, secretario del Córdoba Clúster Technology.
Los recursos. Pero además de la “reversibilidad” hay otro punto clave que genera dudas entre los tecnológicos. Según algunos referentes, el establecer un marco legal específico para el teletrabajo impulsará que muchos recursos se pongan en mejores condiciones para trabajar de forma free lance y ser contratadas por empresas del exterior. La mayor competitividad externo no es un dato menor.
En el sector estiman que faltan entre 5.000 y 10.000 programadores y que el “robo” de recursos crece mes a mes. Al respecto, Sergio Candelo, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Software le comentó a Punto a Punto: “Creo que no era necesaria una nueva ley, se podía resolver esto con una reglamentación de la ley de Contrato de Trabajo. El impacto en los recursos humanos no es algo que vamos a sentir, es algo que ya sentimos. Con esto se puede profundizar, porque si vos quedas rígido en un contexto de alta demanda perdemos con la competencia de las empresas de afuera. Esto requiere un debate donde todos podamos encarar la reconversión, tiene que ser un debate federal y hay que darle tiempo a las empresas a producir esa reconversión”.
Para la Cessi, la Ley perjudica a los profesionales que quieran sumarse a esta modalidad de trabajo y que por excesos de regulación decidan no implementar el teletrabajo en las organizaciones. Señala que el “exceso” reglamentario agrega burocracia al normal funcionamiento de las organizaciones, desalienta el mantenimiento de las posiciones de teletrabajo y las posibilidades de nuevas contrataciones en todo el país.
Y remarca que puede generar un incremento de los costos operativos para las PyMEs, que desalienta el crecimiento e inversión.
“Está bien la regulación, pero el exceso de regulación puede ser contraproducente y desalienta un camino que nosotros ya iniciamos. Los puntos que nos generan dudas, la reversibilidad, los sistemas para bloquear el acceso a los sistemas a determinados horarios y en general la concepción de una ley que no se pensó como un sector que la viene implementando hace tiempo son aspectos que seguimos analizando internamente y ya empezamos a plantear con los legisladores nacionales”, destacó Gigy.
Impacto en el fisco
La cámara empresaria nacional llegó incluso a estimar el impacto salarial y fiscal de un escenario en que la Ley entra en vigencia: “Por cada 10.000 Programadores Semi Senior que dejan de trabajar para empresas argentinas y lo hacen para el exterior, se pierden:
-$11.615 millones en salarios.
-$6.804 millones de pérdida de IVA ó U$ 500 millones de exportación.
-$4.474 millones Aportes Contributivos, lo que equivale a 18 mil jubilaciones mensuales por $20.000.
-$972 millones en Ingresos Brutos.
-$31 millones en Impuestos a las Ganancias de cada programador.
-En definitiva, el Estado pierde $ 12.280 millones de recaudación por año.
Fuente: Punto a Punto
