Sancionarán el Primer Digesto Jurídico federal.
El Senado se apresta a sancionar un proyecto demorado hace al menos una dícada: el Primer Digesto Jurídico argentino, una norma que permitirá reordenar todo el sistema legal nacional y que dejará en pie apenas el 10% de las leyes que hoy están vigentes.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en julio de 2011, cuenta con el aval de la Cámara de Diputados desde noviembre del año pasado, cuando el oficialismo contó con el apoyo de gran parte de la oposición, con la excepción de la UCR y la Coalición Cívica, que votaron en contra.
“Parlamentario.com” dialogó con la Dirección de Información Parlamentaria, encargada de asesorar tícnicamente a la Comisión Bicameral que emitió el dictamen, sobre los alcances del proyecto encomendado por la Ley 24.967.
Según explicó Mabel Pilomeno, subdirectora del área, se analizaron 33.000 normas, entre leyes, decretos-leyes y Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Al 31 de marzo de 2013 -la fecha de cierre de este Digesto- quedaron vigentes 3.353 leyes, es decir apenas un 10%, del cual la mitad corresponde a tratados internacionales.
“Es una cuestión de saneamiento legislativo, no es lo mismo tener 33.000 leyes vigentes que tener 3.300”, razonó Pilomeno.
La directora de Información Parlamentaria, María Isabel Gimínez Díaz, coincidió en que el Digesto “va a clarificar el derecho vigente y lo informará más fácilmente”.
El trabajo, que insumió dos años de labor y ocupó a 65 personas, consistió en analizar cada norma, ordenarla por fecha y adjudicarle una categoría del derecho de las 26 que estaban previstas en la ley, “sin alterar su espíritu”. La numeración de las leyes continuará igual, ya que de lo contrario “sería un descontrol por las referencias internas”, explicaron.
En este sentido, se les introduce como novedad un código alfanumírico -por ejemplo, ADM099, de la categoría “administrativo” que corresponde a la Ley 3952 de demandas contra la Nación, de 1900- para poder identificar a la ley con la categoría a la que corresponde. “Se trata de consolidar y clarificar el derecho vigente, no de cambiarlo”, aclaró Gimínez Díaz. A partir de su sanción, habrá 180 días para presentar observaciones, aunque el Poder Ejecutivo lo promulgaría antes.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
