Los bloques acordaron dar perdón a cuatro mil personas procesadas por marchas y piquetes.
El debate del proyecto para regular la protesta social tuvo una carambola insólita: tanto el kirchnerismo como buena parte de la oposición alcanzaron en su primera reunión un principio de acuerdo para otorgar una amnistía general a las cerca de 4.000 personas que están procesadas o condenadas por haber participado de marchas y piquetes.
La mayoría de los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados accedieron al pedido elevado por la socialista Virginia Linares como un modo de destrabar el debate. Para eso giraron los proyectos ya redactados a la comisión de Legislación Penal. Uno de los pocos en oponerse fue el macrista Pablo Tonelli
Como parte de los acuerdos para demostrar que no hay "intención de criminalizar la protesta social", los diputados kirchneristas aceptaron tambiín invitar a que den su opinión dirigentes de Quebracho, la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.
En las dos horas que duró la audiencia los expositores coincidieron en que la reglamentación del derecho a peticionar, básico en el rígimen democrático, no puede ser criminalizado, pero hubo diferencias sobre la utilidad de la mediación como mecanismo de acercar posiciones y la forma de resguardar el derecho a la libre circulación de personas y vehículos.
Unas 4.000 personas se verían beneficiadas con la amnistía
El primer expositor fue el kirchnerista Juan Manuel Pedrini, cuyo proyecto para reglamentar la protesta pública fue firmado por más de una decena de diputados del oficialismo. El legislador oficialista explicó que la diferenciación que el texto hace entre manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas" no tiene "la intención de calificar el conflicto", y destacó que la caracterización no la deja a cargo de un funcionario "sino de la ley".
Respecto de la notificación de la realización de la protesta con 48 horas de anticipación que indica su propuesta, Pedrini indicó que "no se trata de una autorización" sino de un trámite que se podría hacer en cualquier comisaría a los efectos de coordinar operativos de organización y mediación.
Para el diputado por Chaco es necesario que exista "una mediación civil y obligatoria" y en cuanto al uso de la fuerza marcó en la reunión que el proyecto recoge el protocolo que tiene el Ministerio de Seguridad desde la gestión de Nilda Garrí.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
