El ex gobernador de Salta deberá responder en una causa por fraude a la administración pública provincial.
El ex gobernador de Salta y senador nacional por esa provincia, Juan Carlos Romero, fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez de Instrucción, Federico Diez, miírcoles 30 a las 8.
La medida fue ordenada en la causa “Dr. Sosa, Alberto Reymundo; Dr. Palombini, Julio Císar; Escr. Brizuela, Víctor Manuel; Wayar Laura Inís; Dr. Romero, Juan Carlos y Pírez de la Fuente, María por fraude a la administración pública en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial”.
El juez, informó Infojus Noticias, tomó la decisión previo a la feria judicial pero ni bien volvieron las actividades (en Salta hoy terminó la feria de invierno) se notificó al legislador que, según dijeron fuentes judiciales salteñas a Infojus Noticias, no se o se presentaría a declarar invocando sus fueros como senador nacional.
La operatoria que se investiga tiene que ver con la compra y venta de tierras en el año 2000, cuando Romero era gobernador provincial. En aquellos años su histórico abogado Alberto Raymundo Sosa, tal y como sostiene la imputación del fiscal Eduardo Barrionuevo, habría comprado cuatro hectáreas de la Ex Boroquímica Baradero S.A., ubicada en el sur de la ciudad, al lado de los barrios Bancario y San Carlos.
Despuís de esa compra de Sosa en 1999, que significó un desembolso de unos 160 dólares, los terrenos fueron ofrecidos al estado provincial que mediante el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta (IPV) compró los terrenos en 580 mil dólares para la construcción de casas a fines del 2000.
Terrenos inutilizables
Un dato que no es menor, y que fue confirmado por una auditoría realizada a pedido del Consejo Deliberante de Salta en 2011, es que el precio pagado por esos terrenos por el IPV “fue por terrenos en condiciones de ser utilizados para la construcción de viviendas, sin considerar la desvalorización de los mismos como consecuencia del grado de contaminación y el consiguiente costo de recuperación”.
En este informe, la Auditoría General de Salta destaca la presencia de “boro” en los terrenos adquiridos por el IPV. Y recuerda que en 2001 se inició una causa judicial por los reclamos de los vecinos con respecto a este predio por la contaminación de los terrenos.
“Los suelos presentan graves limitaciones como consecuencia de los contenidos de sales y excesivos valores de boro”, dice un informe de la Secretaría de Ambiente aportado al expediente judicial.
En los considerandos de la Resolución que autoriza la transacción, se invoca como urgente los dichos del Intendente de la Capital, en relación a la “necesidad de dirigir el crecimiento y el desarrollo poblacional de la Ciudad de Salta”. Pero hasta la fecha de la finalización de la auditoria, los terrenos no se han “recuperado y consecuentemente utilizado los terrenos que fueron adquiridos por razones de “urgencia o emergencia”.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
