Todos los expositores invitados a la reunión de la Comisión de Energía de Diputados reclamaron por la prórroga de la norma actual, criticaron la rebaja del corte de biodiesel y advirtieron por el cierre de fábricas y pérdida de empleos.
En la primera reunión informativa para debatir el proyecto sobre biocombustibles impulsado por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, más de una docena de representantes del sector expresaron su rechazo a la propuesta y reclamaron que, en cambio, se avance con la prórroga de la Ley 26.093, que vence el próximo 12 de mayo y cuya extensión por cuatro años había aprobado el Senado por unanimidad.
Durante el encuentro de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el mendocino Omar Félix (FdT), los expositores cuestionaron puntualmente que la iniciativa lleva a 5% el corte con biodiesel para el gasoil, cuando actualmente se encuentra en 10%. Sobre esto, advirtieron por el posible cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo.
También, varios de los invitados pusieron el acento en el retroceso que significaría en materia ambiental la rebaja de los porcentajes, al tiempo que tampoco los aumenta, ya que en lo que respecta a las naftas, el texto mantiene en 12% el corte con bioetanol.
El primer expositor fue José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), quien habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz. “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, alertó.
Porta remarcó que “lo que no podemos dar es ningún paso para atrás” y, por eso, “no se debiera bajar el corte bajo ningún punto de vista”. Además, pidió que “no se puedan importar naftas” y subrayó, respecto al precio, que “no sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años”. Finalmente, llamó a “encontrar soluciones y no generar más enfrentamientos”.
A continuación, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), se manifestó a favor del proyecto al asegurar que “mantiene el espíritu de la ley original que fue un motor para nuestro desarrollo”. Destacó que la iniciativa brinda “la previsibilidad a 14 años”, apunta a “ayudar al cambio climático, con la reducción de emisión de CO2” e invierte “en las economías regionales”.
No obstante, señaló que “el corte del 5% para el biosiesel, que se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas”, previsto en el proyecto, “afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales”.
“El corte debería mantenerse en el nivel actual del 10%”, reclamó Bojanich, y agregó: “Debido a que nuestro componente principal es la soja y que su cotización es muy volátil, el proyecto incluye la alternativa de reducir el corte, compensando el precio por esa subexplotación de la planta, pero esta solución no sería sostenible en el tiempo”.
También por CEPREB, Alejandro Abad recordó que la Ley 26.093 “fue muy exitosa en sus objetivos” y “sería lamentable a esta altura volver para atrás y destruir un camino andado”. “Un nuevo régimen debe como mínima conservar lo realizado y pensar en general aún más crecimiento y desarrollo”, dijo.
Abad advirtió que la baja del corte del 5% para el biodiesel -con la posibilidad de reducirlo hasta el 3%- afectará a las plantas “más chicas, más débiles y más lejos del puerto”, al enfatizar que este punto determinará “nuestra subsistencia o no”. “En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán”, plantas en Buenos Aires y Entre Ríos, apuntó y completó que “no podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó”.
A su turno, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), consideró que “sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”. A favor de la iniciativa del cordobés Carlos Gutiérrez, el expositor opinó sobre el proyecto oficialista: “No es es el mejor. Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental”. En este sentido, alertó que “se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo”.
Otro de los expositores que objetó el proyecto fue Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien expresó que “la ley es inviable y desembocaría en el cierre de empresas”. “Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París”, sostuvo.
En representación del grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña evaluó que “no están dadas las circunstancias en este momento para tratar una nueva ley”, sino que “debe prorrogarse la ley anterior por un plazo corto, un año o 18 meses, y en ese período poder entrar a debatir un proyecto con consensos, análisis y fundamentos claros respecto a lo que es la transición energética que ha planteado el Acuerdo de París, y que han ratificado el presidente (Joe) Biden y Alberto Fernández hace pocos días”.
“Desde que empezó la gestión del presidente Alberto Fernández hemos recorrido ministerios y secretarías para iniciar una ronda de diálogo y trabajo en pos de una ley de biocombustibles superadora de la 26.093. Resultó una tarea vana, no encontramos una fuerza política armónica para avanzar en ese objetivo, a pesar de nuestras advertencias sobre el poco tiempo que quedaba para debatir en forma serena y racional una nueva normativa”, comenzó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz).
Asimismo, reprochó que se acercó al Gobierno un anteproyecto consensuado por el sector, pero “lamentablemente el oficialismo lo ignoró”. Y manifestó que esta “propuesta de ajuste implica un enorme retroceso para toda la Argentina. En esta Argentina devastada por el Covid, no podemos permitirnos que avance un proyecto de inspiración petrolera para que cierren fábricas, aumente el desempleo y perdamos salud y sustentabilidad. Esto es lo que va a suceder si avanza este proyecto que es inconsulto”.
