Acusado es socio del principal lobbysta del plan en el Congreso; Promotor de la reforma gestionó visita de diputados a laboratorios de cannabis en Colorado, Estados Unidos.
Aunque el proyecto de ley para legalizar el uso medicinal e industrial del cannabis no está ni cerca de aprobarse en la Asamblea Legislativa, ni siquiera de salir dictaminado de la Comisión de Jurídicos, ya se estaría utilizando para estafar a inversionistas extranjeros.
En una denuncia de un empresario israelí, interpuesta ante la Fiscalía de Garabito, el 8 de marzo pasado, se acusa a un supuesto empresario estadounidense, llamado Thomas Frank Reeves, por ofrecer licencias para sembrar, producir y vender derivados del cáñamo en el país.
El israelí, de apellido Abitbul, y su pareja, una costarricense de apellidos Castillo Sequeira, reclaman que los quisieron engañar con la supuesta aprobación, en agosto del 2016, del proyecto de ley.
Incluso, afirman, les vendieron una licencia supuestamente expedida por un inexistente Instituto Costarricense de Investigación, Regulación y Control del Cannabis, presuntamente firmada por la viceministra de Salud, María Esther Anchía, como directora ficticia de esa nueva entidad.
El demandado, Reeves, es socio del político y principal lobbista de la iniciativa legal, Gerald Murray Rojas, quien de hecho aparece como uno de los tres gerentes de la empresa Greenleaf Holding Technologies, la demandada por el israelí por negociar con licencias falsas. De hecho, Reeves tambiín aparece como gerente de la firma.
La estafa estaría, según Abitbul, en que a íl y su pareja les pidieron $25.000 a cambio de la supuesta licencia, bajo la amenaza de que si la negociaban despuís de "aprobada" la ley, entonces costaría $1millón. Además, entre las comunicaciones que hace públicas Abitbul, se lee donde Reeves les advierte de la supuesta aprobación del plan para agosto del año pasado.
Según el relato que hizo a la Fiscalía el empresario israelí, quien se dedica a la venta de cannabis medicinal en Israel, su pareja conoció al estadounidense y a Murray en junio del 2016. En setiembre, se reunieron el empresario y su pareja con Murray y Reeves, quienes se presentaron, en todo momento, como encargados del movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica y, en esa cita, les dieron una copia del contrato por la licencia.
"Unos meses despuís, Thomas (Reeves) nos envió a Pamela (su pareja) y a mí, por medio de WhatsApp, una fotografía con una carta firmada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en la que supuestamente se aprobaba la ley 19.256 y, posteriormente, nos envió una fotografía de la licencia que habíamos comprado", relató Abitbul a la Fiscalía.
Él asegura, en la denuncia, que les pareció extraño, porque entendían que el proyecto de ley no se había aprobado, por lo que averiguaron y prefirieron pedirle el dinero de vuelta, pero ya no lograron. Despuís de noviembre, perdieron contacto con el estadounidense y la empresa a nombre de la cual depositaron los $25.000. Trustco Investment Trust Company S. A. les niega la posibilidad de retirar ese dinero.
Es más, Abitbul dice que Murray les afirmó que podían retirar el dinero, pero la compañía se lo niega. Además, Reeves se fue a Estados Unidos y retiró la mitad de lo invertido por el israelí.
Murray: "No es contra mí"
Consultado sobre la demanda, Gerald Murray se molestó porque se lo relacione con Reeves, pues alega que íl no participa de lo denunciado por el israelí. "La denuncia no es contra mí. Tengo entendido que el contrato (entre Reeves y Abitbul por la compraventa de la licencia) es totalmente legal", dijo el político y lobbista.
Él insistió, durante una entrevista por vía telefónica con La Nación, que no tiene relación con Greenleaf Holding Technologies. "Yo renuncií en abril", aseguró muchas veces, aunque aún aparezca registralmente como uno de sus tres gerentes y a pesar de que reconoce haberse reunido con el israelí y su pareja en varias ocasiones.
En cuanto al resguardo del dinero depositado, aseguró que "aparentemente" en Trustco "una muchacha se robó el dinero", por lo que asegura que la demanda de Abitbul debería ser contra esa entidad.
Murray alega que ya no es parte de la compañía demandada, pero reconoció que sí es socio y amigo de Reeves en otra firma, Global Energy Products, supuestamente dedicada a vender productos de energía limpia.
La página web de esa compañía, de la que Thomas Reeves se presenta como gerente, existe, pero ninguno de sus enlaces redirige a los productos que ofrecen, sino que todos los enlaces dan error. Consultado por esto, Murray dijo: "¿No se le ocurre que tal vez la hackearon? Hemos instalado varios proyectos de luces, no entiendo por quí intentan buscar cosas donde no hay nada".
Gestor de viajes para diputados
Murray niega tener ninguna relación con lo denunciado, con la supuesta falsificación de licencias para cultivar y producir derivados del cáñamo, pero es el principal lobbista de la iniciativa legal y opositor al plan tal como lo presentó el diputado Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana.
Además de hacer un fuerte lobby en el Congreso, el político gestionó un viaje para cinco legisladores a Denver, Colorado, en los Estados Unidos, donde se reunieron con varios promotores de legislación sobre el cannabis y visitaron laboratorios relacionados con esa producción.
A ese viaje, realizado entre el 1.º y el 12 de octubre del 2015, fueron Juan Luis Jimínez Succar, entonces presidente de la Comisión de Jurídicos (panel donde se tramita el proyecto), y Paulina Ramírez, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN), Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, Josí Alberto Alfaro, del Libertario, y Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Se intentó conversar con Alfaro, actual presidente en ejercicio del Congreso, para saber sobre los financistas del viaje, pero no contestó una sola de las numerosas llamadas que se le hicieron.
Jimínez Succar, en cambio, confirmó que Murray fue el gestor de esos viajes, que fue íl quien les comentó de la posibilidad de hacer el viaje a Denver para conocer los avances en cannabis medicinal y recreativo. Tambiín, que lo conocía de un leve paso que tuvo por Liberación y, luego, por el Libertario, pero sin una relación cercana.
Por su parte, Leiva aseguró que apenas recordaba quiín había pagado el viaje y asegura que fue Juan Luis Jimínez quien le pidió que lo acompañara, pues aunque no estaba en Jurídicos, era jefe de fracción del PUSC en ese momento. Ramírez adujo que la invitaron, fue e hizo un reporte del viaje al Congreso, pero que no conocía a Murray de previo.
Consultado por La Nación, Murray aseguró, primero, que el movimiento que tiene en Facebook a favor del cannabis usó dinero suyo, de donaciones y el obtenido por ventas de pines y otras cosas, para financiar el viaje, que en total eran $7.500.
Sin embargo, apuntó que a los diputados les pagó el viaje otro estadounidense, llamado Timothy Morales, quien vivía en Jacó y, ahora, según Murray, "se fue para Las Vegas". Esa persona, Morales, aparece en las fotos que Murray publicó del viaje en su página de Facebook.
"Yo no he tocado dinero procedente de ninguna venta de licencias ni contratos, yo tengo mi salario, mis ahorros. Contactí a mi familia para este viaje", dijo.
Un mes antes del viaje, hecho en octubre del 2015, a travís de la página de su movimiento, en Facebook, Murray anunciaba que iría a Colorado con los cinco legisladores y, varios días despuís, comentaba en esa red social que iniciaría "reuniones con todos los diputados" para hablarles del cannabis medicinal, según la experiencia de Colorado.
En su página, Murray tambiín informó de dos viajes más a Colorado, uno en febrero del 2016 y otro en julio de ese mismo año.
Unos meses despuís, en enero del 2016, se presentó a la Comisión de Jurídicos, en audiencia, y explicó la intención de que el proyecto de ley sirva para traer ingresos importantes al país.
"Lo único que cambiamos del proyecto (en una propuesta de texto sustitutivo) es del artículo 19 al 45 que es la industria y eso significa unas diferencias económicas de $30 millones, propuesto en el proyecto 19.256 a una economía de $1.000 millones, sin contar la industria del cáñamo, que consideramos que además de semillas y demás, deberíamos de aventurarnos a la producción de combustible a base de cáñamo", dijo Murray el 19 de enero, ante los miembros de Jurídicos.
En esa ocasión, incluso, íl habló de cuántas licencias se proponen y para quiín irían las ganancias: "Sobre las licencias, en el sector privado nosotros hacemos 355 licencias, a un precio de $100 mil, genera $35,5 millones, que irán solo para el instituto (creado por la ley), de esta forma el instituto podría operar, podrían contratar a sus mídicos".
Ante los cuestionamientos relacionados con esa demanda, el presidente del PUSC, Pedro Muñoz, desmintió públicamente que Murray sea, ni que haya sido precandidato presidencial con la Unidad, pues no cumplió con los requisitos exigidos por esa agrupación política para ser aspirante presidencial, al cierre de la inscripción, el 6 de marzo.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
