En las últimas semanas hemos sido testigo de innumerables debates e intercambios: ¿Estamos verdaderamente ante un punto de quiebre del mundo como lo conocemos hoy?.
La Pandemia del Covid-19 nos coloca ante un suceso con pocos antecedentes en nuestra historia.
Su duración y sus consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas son todavía hoy inciertas. Muchos pensadores se han replanteado un cambio de paradigma en las estructuras sociales, planteándose cómo será el mundo que emergerá cuando finalice esta etapa. Si bien es pronto para conocer el rumbo que tomarán los acontecimientos, el escenario parece, por lo menos, propicio para indagar sobre algunas dimensiones de la vida social; y como argentinos no deberíamos estar ajenos a estos ejercicios reflexivos.
La aparición y propagación del virus ha puesto al desnudo algunos problemas históricos y estructurales que hace años acarreamos. En este sentido, uno de los aspectos que concita mayor atención es, sin duda, la organización de nuestro sistema de salud.
Durante los primeros días de abril asistimos a un contrapunto entre el Gobierno Nacional y los representantes de la salud privada, a razón de una iniciativa del ministro de salud, Ginís González García, para disponer de la infraestructura y recursos de la medicina privada en el marco de una estrategia sanitaria centralizada en el Estado Nacional. En esta suerte de intento de ¨estatizar¨ la centralización del sistema de salud, el sector privado pudo contener las medidas y defender su independencia, al menos en un primer momento. Aún así, las obras sociales sindicales no siguieran el mismo camino, y es aquí donde encontramos el primer rasgo de nuestro sistema de salud: la existencia de tres subsectores. Hoy en día podemos decir que nuestro sistema de salud se compone por el sector público, el privado y el de las obras sociales. Los últimos dos no responden, necesariamente, a los lineamientos de política pública fijadas por el Estado. Y esto es un problema, especialmente en una pandemia, pero tambiín en el funcionamiento cotidiano del sector sanitario.
Antes que nada, debemos señalar que la política de salud pertenece a la familia de políticas sociales de un Estado. Las políticas sociales, a su vez, buscan asegurar el pleno ejercicio de derechos sociales. Hacia la dícada del `50, Thomas Marshall sostenía que las desigualdades sociales derivadas de determinado modelo económico solo eran tolerables allí donde existiera un plafón de igualdades básicas. La noción de “ciudadanía” sintetizaba esta aspiración de condiciones materiales y simbólicas comunes a todos los miembros de una sociedad, y se componía de tres elementos: ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social. En ísta última, incluía una vasto rango de derechos -derechos sociales-, que iban desde cierto nivel de bienestar económico y seguridad social hasta el disfrute de la herencia cultural de una comunidad.
Paralelamente, podemos definir al gasto social como el conjunto de erogaciones realizadas por el Sector Público para financiar servicios sociales básicos, tales como salud, educación, vivienda, seguridad social, transferencia de ingresos, entre otros. En Argentina, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el gasto social oscila, para 2019, en torno al 65% del gasto público total. Tanto el volumen como el destino del gasto social está determinado por los principios y lineamientos de la política social de cada Estado.
Y, en este punto, se introduce un aspecto crucial, las características de los sistemas de protección social están determinadas por los principios que lo organizan. En otras palabras, por los modos de solidaridad social que se “acuerdan” al interior de cada Estado. Esping Andersen, sociólogo danís, identifica tres modelos puros de política social: el liberal, el corporativo y el universal. En un breve resumen: el liberal, prevaleciente en países anglosajones, deja, en principio, librado al mercado el acceso a bienes y servicios sociales. El Estado interviene para atender exclusivamente a aquellos individuos que no lograron insertarse eficazmente en el mercado, caracterizándose así por políticas sociales residuales, focalizadas y restrictivas. En el modelo corporativo, que el autor asocia a la Europa continental, el acceso a la seguridad social se determina por la pertenencia a colectivos socio-ocupacionales. De esta manera, la inserción en el mercado laboral y las contribuciones sobre la nómina salarial son los factores clave que aseguran el acceso a bienes y servicios sociales. Por último, en el modelo universal, típico de los países escandinavos, el Estado en el actor principal en la gestión de políticas sociales y sus destinatarios son todos los ciudadanos, por su condición de tal. Las políticas sociales son de alcance universal, homogíneas y se financian con impuestos progresivos.
Ahora bien, cuando analizamos el sistema de salud argentino es posible observar retazos de los tres modelos, coexistiendo en un esquema fragmentado, inequitativo e ineficiente. Siguiendo la línea de su composición tripartita, el subsector público (componente universal) es de acceso universal y gratuito en el punto de entrega. Está financiado por impuestos generales, y es uno de los componentes principales del gasto público social. Como resultado de los procesos de descentralización en la dícada de los ´90, la responsabilidad por la provisión del servicio público está casi enteramente a cargo de las provincias. El mayor afluente de usuarios de este subsector no es parte de la masa aportante a la seguridad social. En virtud de los datos del INDEC para el 1º semestre de 2019, el 31,5% de la población carece de cualquier tipo de cobertura y utiliza los servicios públicos. El subsector de la seguridad social (componente corporativo) brinda servicios para trabajadores formales (activos y pasivos) y sus familias. Se financia con contribuciones sobre la nómina salarial. Tambiín presenta múltiples ramificaciones hacia su interior, pues incluye obras sociales nacionales, provinciales, del personal de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Universitarios, y el PAMI. El subsector privado (componente liberal) está organizado en torno a los seguros voluntarios y los pagos directos de bolsillo (más conocidas en nuestro país como prepagas). Su acceso está determinado por la capacidad económica. Se orienta, principalmente, hacia los sectores de más altos ingresos.
Así, el sistema de salud argentino se caracteriza por una profunda fragmentación socioeconómica. El acceso a servicios está fuertemente determinado por el tipo de inserción en el mercado laboral y la capacidad de pago de los usuarios, y no la necesidad de atención. Al mismo tiempo, y en correspondencia con lo antedicho, la provisión de los servicios de atención sanitaria está a cargo de una variada gama de instituciones, cada una de ellas, con disímiles mecanismos de financiamiento, regulación, provisión y acceso.
Asimismo, otro componente que daña la eficacia del sistema es la existencia, en muchos casos, de múltiples coberturas en donde los individuos aportan en dos o tres subsectores simultáneamente castigando así su economía personal.
Pero las complejidades del sector no se agotan aquí. Hemos mencionado los procesos de descentralización del sistema de salud a partir de las reformas del Estado en la dícada del `90; sobre ellos queremos hacer hincapií en sus mayores consecuencias: la desigualdad y la desarticulación del sistema de salud. En primer lugar, dieron lugar a profundas diferencias geográficas en la provisión del servicio, debido que cada provincia cuenta con diversas restricciones presupuestarias, niveles de desarrollo económico y características epidemiológicas. Cada uno de los sistemas subnacionales ha originado diversas modalidades de integración entre sus diversos niveles de atención (atención primaria, secundaria y terciaria), y no siempre es posible encontrar esquemas articulados y coordinados entre los diferentes niveles de salud.
En conclusión, estamos ante un sistema de salud con problemas estructurales. Por un lado, se encuentra atravesado por una fuerte fragmentación socioeconómica, territorial y funcional. Por otro, una parte significativa de la infraestructura y de los recursos sanitarios (nos referimos a los del sector privado y de las obra sociales) no están sujetos a directrices de la política pública. Y por último, buena parte de las provincias no cuentan con los recursos económicos y humanos adecuado para sostener servicios sanitarios acordes a las necesidades de sus poblaciones. Podemos remitirnos a la realidad cotidiana: no es lo mismo atenderse en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires que en un hospital de otra provincia.
Tal vez, estos lamentables sucesos sean una buena oportunidad para repensar las deudas pendientes de nuestro país. Una de ellas es confeccionar un sistema público único, universal, equitativo -en tírminos económicos y geográficos-, gratuito en el punto de entrega, financiado por impuestos generales, y cuyo acceso estí determinado por la necesidad de atención y no por la capacidad de pago de los individuos. Un sistema racionalmente organizado, en donde el Estado Nacional no solamente fije los lineamientos generales de la política pública, sino que administre los niveles de atención de mayor complejidad -y por ende, más costosos-, reservando la atención secundaria y la atención primaria para las provincias y los municipios, respectivamente. Sin implicar esto que quienes quieran seguir eligiendo el sistema de salud privado puedan hacerlo libremente.
Buena parte de nuestra dirigencia política se unió para enfrentar la pandemia. Es vital aprovechar ese impulso para tomar medidas de largo plazo en aras de una sociedad más justa y equitativa. La salud tiene que ser un derecho garantizado, un prerrequisito para que todos gocemos de una ciudadanía plena. Estamos frente a un momento histórico para poder hacer ese cambio.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
