En un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se dictaminó sobre el proyecto para garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales. Se firmaron 4 dictámenes. En el del radicalismo, firmado en conjunto con Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, se propone una actualización de las partidas presupuestarias al 1 de enero de este año en función de la inflación del año 2023, y un aumento bimestral desde esa fecha por IPC. “Se trata de tener previsibilidad”, afirmó Danya Tavela, vicepresidenta de la Comisión de Educación.
También se establece que el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión, garantizando la distribución presupuestaria histórica de cada institución y aplicando estos criterios para asignar montos incrementales.
Además, se especifica que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará las auditorias, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, como así también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones.
En el plenario, Danya Tavela explicó que este es “el dictamen que esperaba el sistema universitario, con un enorme esfuerzo, una mirada plural, amplia y experta sobre la problemática que transita el sistema. Una mirada de cara a la ciudadanía argentina, sin poner excusas baratas a la hora de dar la discusión”.
“El 23 de abril la ciudadanía argentina se expresó contundentemente respecto de lo que cree que debe esperar para el futuro y el presente de sus hijos, y por el respeto por la educación pública y las universidades nacionales. Hoy nos toca a nosotros expresarnos de manera contundente de la misma forma. Es importante entender que necesitamos todos los fines de año tener el presupuesto para el ejercicio siguiente. Somos ampliamente optimistas de que para 2025 vamos a tener un presupuesto”, agregó.
Antes de la firma del dictamen, el diputado Fabio Quetglas remarcó que “no hay dudas de la circunstancia de fragilidad macroeconómica con la que este Gobierno se hizo cargo de la gestión. Pero sin presupuesto carecemos de un horizonte ético de saber a quién le pedimos y a quién no le pedimos el esfuerzo. Y la arbitrariedad presupuestaria está haciendo estragos en un montón de aspectos de la vida pública”.
Y agregó: “Esta situación puso en evidencia la idea de que el ajuste público de manera aluvional y anárquica en que se está llevando adelante implica la visión máxima del abolicionismo estatal, la renuncia a que el Estado establezca criterios rectores respecto de prioridades”.
