Jaldo pidió a la Nación por una cárcel federal.
El proyecto que preví la prisión preventiva para motochorros, rompevidrios y “escruchantes” (ladrones de casas en las que sus dueños no están) salteó el último paso para convertirse en una norma provincial oficial. Tal como lo había prometido, el gobernador, Juan Manzur, promulgó rápidamente la ley que la Legislatura sancionó por unanimidad la semana pasada. De ahora en más, las personas que cometan esos delitos permanecerán bajo prisión preventiva hasta el juicio.
“Vamos a ir a fondo contra la inseguridad”, dijo Manzur y aseguró que reforzarán los controles y servicios de la Policía de Tucumán en toda la provincia. “A todos aquellos que comentan delitos, les vamos a caer con todo el peso de la ley; es una decisión política que hemos tomado”, manifestó el mandatario. Y añadió: “aquella persona que mate, trafique drogas o participe de hechos de violencia, estará donde tiene que estar: en la cárcel”.
Por su parte, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, reconoció que aún restan “muchas cosas por hacer” en materia de seguridad. De todos modos, destacó el trabajo de la Legislatura y, al igual que Manzur, aseveró que es una decisión del Gobierno provincial combatir el delito. En ese sentido, especificó que se incorporarán a la Policía al menos 700 efectivos. Además, el vicegobernador apuntó contra la Nación: “no pueden mirar para otro lado. Se han comprometido a hacer una cárcel federal que todavía no hemos podido avanzar. Están ayudando a Jujuy y a Salta con armamento, equipamiento y automóviles; en Tucumán no hemos podido avanzar. Yo creo que en el área de seguridad todos tenemos que colaborar de tal manera que los tucumanos puedan, de una vez, caminar tranquilos por las calles”.
En quí consiste la ley
El objetivo de la norma es endurecer los procesos judiciales y facilitar la prisión preventiva para aquellos delincuentes que sean descubiertos cometiendo motoarrebatos, rotura de vidrios de autos para robar a sus ocupantes, y “escruches”. De esta manera, los legisladores buscan cerrar la “puerta giratoria” de los tribunales penales. El proyecto de ley fue elaborado tras la propuesta del ministro fiscal, Edmundo Jimínez, para modificar el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). El funcionario judicial había pedido al Legislativo herramientas procesales que amplíen el margen de acción de los magistrados sobre esos delitos. Una vez aprobada la norma, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de discutir medidas de fondo para combatir el delito en la provincia. La incógnita ahora es si los jueces podrán aplicar la norma ya promulgada.
En las últimas semanas, la cantidad de robos mediante esas modalidades se han multiplicado en distintos puntos de Tucumán. En el caso de los rompevidrios, los ataques se concretaron, principalmente, en las principales arterias de la capital.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
