Sin causa ni pausa pero con prisa
(Por Edelmiro Moreno).- En lo que va de octubre hubo setenta despidos en el PAMI. A ellos hay que sumarles otras decenas de bajas desde el comienzo de la gestión de Luana Volnovich, quien de entrada nomás amenazó con echar a mil trabajadores. Hasta el momento, el total de despedidos ronda los 150 y nada asegura que no vayan a continuar. Mientras, la interventora –que parece tener más prisa en despedir que en acordar- hace mucha campaña pero solo genera adversarios. Y, lo que es peor, no le está haciendo ningún favor al gobierno que integra.
Aunque el PAMI no es un organismo estatal, cada uno de todos los gobiernos que hubieron desde la creación del Instituto en adelante, ha designado en él a gente de su confianza. Hasta allí, poco y nada para reprochar. Por lo general, los jerárquicos dejan sus cargos cuando llega un nuevo régimen y solo los trabajadores de rango medio o bajo terminan integrando la planta permanente de la entidad. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ocurrió algo parecido, solo que una buena parte de los trabajadores que se incorporaron a lo largo de esas gestiones nunca fueron pasados a planta, permaneciendo con contratos temporarios. La intervención de entonces nunca atendió los reclamos gremiales para que esos empleados fueran designados en planta.
Así, al asumir el gobierno de Cambiemos el entonces flamante interventor, Carlos Regazzoni, se encontró con centenares de empleados con contratos precarios. Desde la dirigencia de la Unión de Trabajadores del Instituto (el único gremio con ámbito del organismo) se reiteró el reclamo y esta vez la entidad que conduce Osvaldo Barreñada tuvo éxito: no solo no se despidió a nadie, sino que poco a poco se fue regularizando a todo el personal. Y antes de que Mauricio Macri dejara su lugar en manos de Alberto Fernández, casi la totalidad de los empleados que habían ingresado con el kirchnerismo estaban pasados a planta permanente. Como correspondía, ya que no eran gerentes ni directores: eran enfermeros, ambulancieros, terapistas y administrativos. Para explicarlo de un modo sencillo: el gobierno macrista nombró a cientos de trabajadores ingresados durante el kirchnerismo.
Sin embargo, tan pronto como Luana Volnovich asumió la intervención del Instituto, además de las típicas incorporaciones de gente afín y en cargos jerárquicos, comenzaron las amenazas de despidos masivos. El principal argumento: que esos empleados habían sido designados por la gestión macrista. Era cierto, tan cierto como que el macrismo tuvo que nombrar a los que el kirchnerismo había dejado desprotegidos. Dicho de otro modo, Volnovich quería despedir a cientos (en un momento se llegó a hablar de unos mil) de trabajadores incorporados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Finalmente, la presión sindical logró su efecto aunque no en su totalidad: hubo entre 70 y 80 despedidos, algunos de los cuales hicieron juicio y, en ciertos casos puntuales, lograron ser restituidos en sus puestos.
No obstante Volnovich –quien desde que asumió hasta el momento incorporó a más de mil empleados, muchos sin experiencia y demasiados con cargos jerárquicos- quiere seguir despidiendo. Y como de acuerdo al decreto presidencial respectivo no podría hacerlo, ahora pretende cambiar de un plumazo el estatus jurídico del Instituto, el cual es un organismo público no estatal, por lo cual su personal se rige de acuerdo a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (el decreto presidencial que impide los despidos en pandemia exceptúa al personal del Estado, es decir que esa excepción no incluye a los trabajadores del PAMI).
Tal como va, la gestión de la interventora no ayuda mucho al gobierno. Porque al mismo tiempo que dispone despidos sin causa; se niega a iniciar la paritaria del sector; no quiere pagar un porcentaje de aumento acordado en 2019, y se limita a ofrecer el magro siete por ciento que se les dio a los estatales diciendo que el organismo no tiene plata, hace campaña entre los vecinos de diversas localidades con dinero del PAMI, en vez de destinar esos recursos a sus verdaderos dueños, que son los afiliados del Instituto. Y hasta se permitió ignorar a los dos trabajadores de la entidad que hace poco murieron a causa del COVID-19.
La pregunta es hasta dónde, y hasta cuándo, la interventora va a seguir manejando el PAMI como si fuera suyo; generando cada vez más rechazos que afectos; desconociendo a los trabajadores; negando sus derechos y olvidándose que pertenece a un gobierno que, según se dijo, llegó para levantar el país. Un gobierno al cual, hasta ahora, no le está haciendo ningún favor.
