La pandemia ha obligado a que los ritos fúnebres cambien. No se permiten más de 10 personas en los entierros y tampoco músicos.
Las autoridades de La Paz y de la vecina El Alto anunciaron el martes que restringirán los entierros en los cementerios de ambas ciudades a difuntos de sus municipios ante un incremento de la demanda por la pandemia del nuevo coronavirus en Bolivia.
Ana María Saavedra, secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad vecina de El Alto, 12 kilómetros al oeste de la sede de gobierno explicó que se dará “prioridad a los vecinos de El Alto en los entierros”. ” Antes de la pandemia, los decesos llegaban a ocho por día, después a 20 diarios y ahora estamos con 40 entierros todos los días”, agregó a la televisora ATB,
La Paz adoptó la misma decisión desde el fin de semana. “La demanda de entierros nos preocupa, por tanto se restringirá a difuntos de otros municipios”, dijo el alcalde Luis Revilla.
Desde la semana pasada las dos ciudades encabezan los reportes diarios de contagios del Ministerio de Salud y han superado a Santa Cruz y Cochabamba, epicentro de la pandemia con más del 50% del total de infectados. En otras urbes las autoridades han habilitado nuevos cementerios y los hornos de cremación que dependen de las alcaldías funcionan al tope de su capacidad.
La crisis sanitaria alteró los ritos fúnebres. No se permiten más de 10 personas en los entierros y tampoco músicos.
El nuevo coronavirus golpeó en marzo cuando el país intentaba salir de una violenta crisis política derivada de la renuncia del presidente Evo Morales por sospechas de fraude electoral. El gobierno interino de Jeanine Áñez debió hace frente a la emergencia sanitaria con un sistema de salud precario por años de desatención.
A health worker is helped by a colleague to wearing a protective clothes at the Los Andes Hospital amid the outbreak of…
Bolivia intervendrá clínicas privadas para atender a pacientes de COVID-19
El gobierno de Bolivia anunció medidas de emergencia ante el colapso hospitalario público y advirtió a las clínicas privadas que deberán atender pacientes con COVID-19.
La víspera el ministro de Gobierno Arturo Murillo habló de “expropiar” algunas clínicas privadas en Cochabamba, en el centro del país. Sus declaraciones provocaron el rechazo del gremio empresarial que calificó a la propuesta de atentatoria contra la “seguridad jurídica”.
“No se trata de expropiar o intervenir sino de buscar alianzas con el sector privado para actuar rápido ante el aumento exponencial de contagios”, aclaró el ministro de Trabajo, Oscar Mercado.
Otro foco de contagio son las cárceles, en la de San Pedro, al centro de La Paz, se produjo dos nuevas muertes llegando a 14 en dos semanas, tres de ellas confirmadas por COVID-19 mientras esperan los resultados de las restantes.
En tanto, al centro de La Paz, con escasa protección y sin distanciamiento social, manifestantes protestaban contra la gestión de Jeanine Áñez reivindicaban la salud, rechazaban despidos y la educación virtual que aplica el gobierno por su carácter discriminatorio con poblaciones rurales donde no hay internet o su acceso es limitado.
Desde el inicio de la cuarentena, ésta ha sido marcha más grande que se ha visto en La Paz. Los manifestantes también pidieron que se respete el 6 de septiembre las elecciones presidenciales y la renuncia del ministro de Educación, Victor Hugo Cárdenas.
