Por mesa de entrada de la HLT, ingresó una nueva denuncia contra el Juez del Tribunal de Impugnación Penal, Enrique Pedicone, solicitando su remoción por mala conducta y falta de incumplimiento de los deberes a su cargo como funcionario público. A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El denunciante, el abogado Alfredo Falú, ofreció las pruebas que demostrarían que Pedicone incurrió en actos de parcialidad manifiesta y/o falta de independencia “por la observancia de influencias lesivas a la dignidad y autoridad de las funciones a cargo del Juez; o en ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones”, por su actuación en una causa contra la familia de Irene Benito. El letrado solicita al Jurado de Enjuiciamiento que se destituya al magistrado denunciado y lo inhabilite para ejercer cargos públicos en toda la provincia de Tucumán.
Según el letrado, el juez habría incurrido en mala conducta en la causa “Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos, Expte. Nº 35997/16”, que actualmente tramita la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La causa se inicia por denuncia en el año 2016 en contra del directorio y sindicatura de la firma Factor S.A., cita en la ciudad de Banda del Río Salí, por supuestas reiteración de estafas organizadas en contra de clientes de la empresa que se dedica a la compra-venta de vehículos con financiación, “lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita”, según reza la denuncia.
La presentación afirma que Factor S.A. es una empresa familiar y entre los accionistas estaría Irene Benito. “Es evidente que el accionar de la periodista sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta de todas luces antiética”, sostiene Alfredo Falú.
En dicha causa, está mencionado Antonio Damaso Benito, quien sería padre de Irene Benito, según Falú. El Juez Pedicone, que habria recibido la causa por una incidencia relativa a prueba, se despachó anulando actuaciones del fiscal auxiliar (que no existen, según Falu) y sobreseyendo a la familia Benito, sin que conste un pedido de parte en tal sentido y cuando recién estaba iniciandose el proceso, lo que sería prematuro y contrario a la ley y jurisprudencia aplicable, “mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicio”, convirtiéndolo “en el juez más mediático de Tucumán”, sentenció Falú.
Continúa diciendo el texto al que tuvo acceso este medio, que el rol de Benito como periodista del medio judicial, afecta o favorece a los trabajadores de la justicia según sean funcionales o no a sus propios intereses o a los de su grupo o entorno más cercano.
En este sentido el abogado recuerda una denuncia formal realizada por él contra Irene Benito y el ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán Francisco Garcia Posse (Expte. Nº 55189/2020- Fiscalía Conclusional de Instrucción Especializada en Delitos Complejos), donde deja entrever que Benito “integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses”.
En las catorce hojas de su exposición formal de pedido de Juicio Político contra Enrique Pedicone, el abogado Alfredo Falú dejaría sobradas muestras del mal desempeño del magistrado y de la vinculación interesada con la periodista. “Esta denuncia demostraría que el Dr. Pedicone no duda en trasgredir la Ley cuando de favorecer a sus aliados o perjudicar a sus adversarios se trata, lo que amerita su remoción por verificarse los supuestos mencionados de la Ley 8.734”, culminó Alfredo Falú.
