Así se refirió la diputada nacional por Chaco, Lucila Masin, una entrevista con el conductor Sergio Gutiérrez en su programa radial “Edición Calificada” (los lunes de 14 a 15 hs en radio Zónica +) y también por Radio Edición Calificada. Brindó detalles sobre su proyecto de modificación en la Ley 26.130 de Régimen para las intervenciones de Contracepción Quirúrgica para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.
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“La Ley 26.130 tiene que ser reformulada en vistas a la ampliación de derechos. Por eso, la modificación apunta al consentimiento informado por parte de las mujeres al momento de acceder a una práctica de contracepción quirúrquica”.
Destacó que este proyecto es resultado de un trabajo consensuado con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad, con el apoyo de la Agencia Nacional de Discapacidad, en concordancia a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde 2018 y lo dispuesto sobre la capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente.
Lamentablemente se realizan numerosas esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad sin su consentimiento, porque la actual ley plantea que tiene que haber una autorización del Poder Judicial, del conyugue, de la pareja o de algún familiar que pueda consentir esa práctica. Por eso, la legisladora espera que en las próximas semanas puedan tratar en el Congreso esta iniciativa y que sea ley.
“El Estado debe preservar los derechos de las mujeres sobre la decisión de nuestros cuerpos, no tiene que ver con la decisión de un tercero sino que por lo contrario hay que otorgar la informarción requerida, los ajustes razonables y la accesibilidad comunicacional para que al momento de decidir las mujeres lo puedan hacer a partir de toda la información que tienen”, remarcó Lucila Masin en diálogo con Edición Calificada.
Ampliación de derechos
El proyecto presentado es acompañado por las firmas de Cristina Britez y de los exdiputados Carlos Castagneto, Laura Alonso y José Ciampini. La propuesta recoge el trabajo de consenso realizado en las comisiones de Salud y Acción Social y Discapacidad en 2017 sobre dos proyectos encabezados por la exlegisladora Gabriela Troyano, así como las consultas realizadas a varias organizaciones en la temática, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se propone una modificación en la Ley 26.130, que establece el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica al garantizar a toda persona mayor de 18 años el derecho de acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud.
La segunda norma que se propone adecuar es la 17.132, de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares. En un aspecto del artículo 20 se remarca el valor del consentimiento informado de la persona ante la práctica de una intervención que provoque la imposibilidad de engendrar o concebir.
Esta propuesta se basa en la premisa de que las restricciones totales o parciales al ejercicio de su capacidad jurídica una persona con discapacidad no sean utilizadas como fundamento para legitimar la violación a su derecho a brindar el consentimiento informado ante una práctica de contracepción quirúrgica. En igualdad de condiciones con las demás personas, se busca garantizar su derecho humano a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
En caso de ser necesario, la reforma prevé los mecanismos dispuestos en el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad a la hora de tomar decisiones y, en muchos casos, terminar con la práctica de esterilizaciones forzadas, que lesionan su derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, manteniendo su fertilidad y el derecho a formar una familia, en igualdad de condiciones con las demás personas.
Campaña “Basta de esterilizaciones forzadas”
Con el lema “Basta de esterilizaciones forzadas”, un grupo de organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña para que se reforme la ley 26.130 como “un paso fundamental para erradicar estas prácticas” en personas con discapacidad, que son sometidas a ligaduras de trompas o vasectomías “sin consentimiento o siquiera conocimiento” porque esta norma “lo avala o no resulta efectiva para impedirlo”.
La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión“, promueve la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 como paso fundamental para erradicar estas prácticas.
Alejandra Noseda para Edición Calificada
