Desde que se inició una intensa investigación para combatir la tenencia ilegal de armas de fuego, el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía realizó 30 medidas de allanamientos y secuestró más de diez armas de fuego y drogas.
En junio pasado se concretaron las primeras 15 medidas y entre el 4 y 5 de agosto pasados, las otras 15. Estas últimas se realizaron en diferentes zonas de la capital y del departamento Lules por orden del juez penal de la II° Nominación, Facundo Maggio “Este es un proceso investigativo que tiene más de tres meses, que se dividió en dos etapas y se sumaría una tercera encarada por la Sección Delitos Especiales del D-2. Este trabajo se inició luego de que el Ministerio Publico fiscal habilitó una competencia especial al fiscal Pedro Gallo para la investigación de la posesión, tenencia y venta de manera irregular de armas de fuego por parte de ciudadanos o posibles delincuentes”, explicó Víctor Javier Alderete, del D-2
“Hasta el momento concretamos 30 allanamientos, con una efectividad del 80%. Ya se secuestraron más de diez armas de fuego, algunas de ellas con un poder de fuego sorprendente. Se trata de armas de calibre 40 y 44 Magnum Llama poderosamente la atención que particulares tengan este tipo de armas sin registros. Además, en procedimientos anteriores, también se encontró una pistola “lapicera”, que es poco común”, señaló Alderete.
Otro aspecto fue el hallazgo de droga en varios domicilios allanados. En uno de ellos se secuestraron más de 20 plantines de marihuana. Por ello, se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía y al Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Daniel Bejas.
Es indudable el compromiso del D-2 en esta investigación que es apoyada y coordinada con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal para quitar el poder de fuego y las armas en manos de delincuentes”, destacó Alderete.
En las dos primeras etapas los allanamientos se realizaron en el Gran San Miguel de Tucumán, Lules, Banda del Río Salí, Alderetes, mientras que se proyecta extender las medidas al interior de la provincia.
Los múltiples procedimientos fueron supervisados en forma directa por los Jefes del Departamento Inteligencia Criminal D-2, Manuel Sosa y Héctor Vizcarra.
“De esta manera continuamos con la tarea que tiene como objetivo quitar de circulación armas de fuego que son utilizadas para cometer delitos y que son rastreadas a raíz de asaltos y diferentes causas que se investigan en conjunto por infracción al Artículo 189 bis”, detalló por su parte Vizcarra.
