El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley que propone establecer un arancel adicional a la importación de productos manufacturados y semimanufacturados de acero y aluminio, con el objetivo de preservar la capacidad productiva estratégica del país, proteger el empleo industrial y defender la competitividad de las cadenas productivas nacionales.
“El acero y el aluminio son insumos estratégicos para el desarrollo industrial, la infraestructura, la energía y la defensa nacional”, sostuvo el legislador, y advirtió que “su debilitamiento no solo afecta a las empresas del sector, sino a amplias cadenas de valor asociadas, incluyendo pequeñas y medianas empresas industriales distribuidas en todo el territorio nacional”.
En ese marco, Pichetto alertó sobre el crecimiento sostenido de importaciones de productos de acero y aluminio a precios significativamente inferiores a los costos de producción locales, una situación que “no puede atribuirse exclusivamente a mejoras de eficiencia, sino que responde en muchos casos a asimetrías estructurales, subsidios estatales en los países de origen, dumping y otras prácticas de competencia desleal”. Para el legislador, este escenario de competencia desigual “compromete la continuidad de la producción local y pone en riesgo capacidades industriales estratégicas”.
El texto también remarca el impacto de las recientes decisiones adoptadas por los Estados Unidos, donde se aplicaron aranceles extraordinarios al acero y al aluminio que llegaron hasta el cincuenta por ciento. Según se señala en los fundamentos, esas medidas generaron “efectos directos e indirectos en la producción y el nivel de empleo”, y pusieron en evidencia que la ausencia de herramientas de defensa comercial eficaces tiende a favorecer decisiones de corto plazo basadas exclusivamente en precios circunstancialmente más bajos, sin evaluar los costos económicos, sociales y productivos de mediano y largo plazo.
Como ejemplo concreto, el proyecto menciona la reciente licitación de caños de acero para un gasoducto estratégico vinculado a Vaca Muerta, en la que una oferta extranjera se impuso con precios hasta un cuarenta por ciento inferiores a los de los productores locales. Para Pichetto, este tipo de adjudicaciones “pone de manifiesto la exposición de la industria local a distorsiones comerciales” que afectan de manera directa la producción y el empleo.
El texto enfatiza además que la pérdida de capacidades industriales en sectores como el acero y el aluminio resulta especialmente grave, ya que se trata de actividades altamente intensivas en capital, tecnología y conocimiento, cuya reconstrucción, una vez desmanteladas, demanda décadas y enormes recursos. En ese sentido, se advierte que el cierre de plantas implica “una pérdida irreversible de saber hacer, innovación acumulada y autonomía productiva”.
Por ello, la iniciativa propone un arancel adicional del cincuenta por ciento sobre el valor CIF de los productos alcanzados, calculado de manera independiente de beneficios, excepciones o tratados de libre comercio vigentes. “La medida no persigue el aislamiento económico ni una restricción indiscriminada del comercio exterior. Por el contrario, se plantea como un instrumento defensivo y transitorio orientado a restablecer condiciones de competencia equitativas, preservar la producción local y brindar previsibilidad a las inversiones industriales”, cerró el diputado.
La iniciativa fue acompañada con la firma de los diputados nacionales Nicolas Massot, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz.
