La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur aprobó un proyecto “que propone la revisión en casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas”, tal como lo señaló el presidente de la Comisión, diputado Gastón Harispe.
El proyecto en cuestión incluye una exposición de motivos sobre la situación de lo que se define como lawfare en los países del Mercosur y la región sudamericana en general, así como el articulado que se propone para la inclusión en los códigos de la legislación penal que correspondiera en cada uno de los países miembros.
Harispe afirmó que el presente proyecto “el primero de una serie de iniciativas legislativas” que se propondrán a los Estados para recuperar derechos y garantías constitucionales ante el debilitamiento de los sistemas democráticos de los países que integran la región Mercosur, donde procesos judiciales contra ex presidentes como Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y otros funcionarios y dirigentes políticos y sociales fueron concebidos como una “guerra judicial contra el enemigo político” por una articulación “ilegal” entre sectores judiciales, políticos y de medios de comunicación.
El proceso de revisión de penas en primera instancia tiene como procedencia “La revisión de una sentencia que no ha adquirido firmeza” y que “procede en todo tiempo y únicamente a favor del imputado” en los casos en que se hubieren violado las garantías constitucionales; violaran la Convención Americana de los Derechos Humanos; publicado previamente contenidos que hubieren afectado la percepción pública; incumplido los plazos procesales; abusado de la prisión preventiva; violado garantías procesales en caso de testigo protegido y/o de arrepentido; direccionado sorteos ante el juez natural; entrometido el Poder Ejecutivo o siendo influenciado por el Poder Judicial; presiones públicas para jueces o fiscales; intromisión de corporaciones judiciales en actos; inobservancia de normas procesales con fines de persecución política.
En cuanto al trámite es un recurso que se interpondrá dentro de los 10 días de notificación de la sentencia, ante la sala. Contestado el traslado, el Presidente de la Sala remitirá a otra sala ad-hoc de 3 miembros surgidos de un sorteo “a fin de determinar si concurren los requisitos de admisibilidad”. El recurso, si fuera admisible, tendrá efecto suspensivo y remitirá los autos a una sala de decisión, también sorteada, que resolverá el conflicto particular “pero con doctrina aplicable”. Mientras que, si hubiera contradicción palmaria o sospecha jurisdiccional, deberá enviar el caso al Consejo de la Magistratura o el órgano de sanción pertinente.
El proyecto elevado a principios de marzo y tratado el lunes 3 de mayo encabezado por Gastón Harispe, Presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, fue acompañado por los argentinos Oscar Laborde, Cecilia Britto, Víctor Santamaría, Julia Perié, Ricardo Oviedo, Julio Sotelo, Damian Brizuela, Fernanda Gil Lozano, Elena Corregido, Nelson Nicoletti, Pablo Vila, Jorge Cejas, Nancy Dauría y María Prado Budeguer; por el paraguayo Ricardo Canese; por el uruguayo Daniel Caggiani y los brasileros Augusto Costa, Perpetua Almeida y Arlindo Chinaglia.
Cabe destacar que en su elaboración participaron un gran número de juristas y dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos, sindicales y sociales de distintos países como Eduardo Barcesat, Maximiliano Rusconi, Karol Proner (Brasil), José Shulman, Lali Minicelli, Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Ricardo Sasson, Susana Traversi, Elisa Giordano, Victorio Paulón y otros, además de los mencionados Harispe y Canese.
En el comienzo del debate y antes de la votación, el parlamentario argentino y jurista Jorge Vanossi expuso sobre la sentencia o decisión “irrita” que merece ser revisada, para lo que habría garantías procesales si existen las vías.
En la reunión de la Comisión que contó con parlamentarios nuevos de Uruguay y Bolivia, además de Argentina, Brasil y Paraguay, se debatieron también otras iniciativas como la de impulsar una audiencia pública por derecho a la vida, salud y derechos humanos en tiempos de pandemia y se aprobó constituir una Comisión por la Verdad y Justicia en la Guerra de la Triple Alianza impulsada por el parlamentario Ricardo Canese de Paraguay para llegar a la verdad histórica del genocidio contra el pueblo paraguayo. Participarán parlamentarios de los países miembros y se invitará a exponer a historiadores y descendientes de la guerra.
