Se acordó su tratamiento en el recinto para el 10 de abril.
El Senado finalmente decidió someter a votación el proyecto de financiamiento político el 10 de abril, aunque Cambiemos y el bloque Justicialista presentaron dos dictámenes distintos porque no se pusieron de acuerdo sobre la autorización para que los sindicatos realicen aportes de campaña.
Ante la imposibilidad de lograr unanimidad sobre el contenido del proyecto, los senadores decidieron impulsar dos dictámenes para tratar de resolver el tema por votación en el recinto en la sesión prevista para el 10 de abril.
La decisión se tomó en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, que se reunió ayer por la tarde, luego de que los senadores votaran en el recinto, al mediodía, la vuelta a comisión del proyecto.
Los legisladores se pusieron de acuerdo en el punto principal de la iniciativa, que es la bancarización de los aportes de campaña y la habilitación para que las empresas puedan financiar a los partidos (algo prohibido en la legislación vigente) por hasta el 2% del total de gastos autorizados.
Sin embargo, la discusión se trabó cuando el bloque Justicialista pidió autorizar tambiín a los sindicatos para realizar aportes de campaña, en tanto que tambiín son personas jurídicas, pero el oficialismo se opuso.
Durante la reunión de la comisión, el justicialista Mario Pais remarcó que “una persona jurídica que cotiza en bolsa o que es proveedora del Estado no está prohibida” como aportante y agregó: “¿Se lo vamos a prohibir a asociaciones gremiales o profesionales con fines nobles que buscan el mejoramiento social y colectivo?”.
El senador de Cambiemos Ángel Rozas objetó esta propuesta al sostener que “no corresponde asimilar la contribución de campaña que hace una asociación sindical o profesional con la que hace una persona jurídica comercial” porque “la diversidad de su composición y su finalidad social son totalmente distintas”.
A su turno, el peronista salteño Juan Carlos Romero, cercano a Cambiemos, objetó ese argumento al señalar: “Si queremos cierta asepsia del Estado, este artículo (el que prohíbe a los sindicatos ser aportantes) debe existir”.
Frente a la imposibilidad de arribar a un acuerdo sobre este punto, ambos espacios presentaron dictámenes separados, mientras que la rionegrina Magdalena Odarda (Río-Sur) presentó uno propio que rechaza completamente el proyecto.
Para Odarda, “este proyecto, de convertirse en ley, abrirá las puertas del infierno, en toda Latinoamírica se están prohibiendo los aportes de empresas”, y por ello la iniciativa implica, a su juicio, “la privatización de la democracia”.
Uno de los puntos conflictivos en los que finalmente se logró un acuerdo fue el referido a la propaganda en medios de comunicación digitales y la diferencia entre plataformas nacionales e internacionales.
Según confirmó el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, finalmente se estableció que los aportes del Estado que reciben los partidos en campaña deben destinarse en un 50% a medios nacionales y/o provinciales, mientras que el resto de los recursos serán de “disposición libre”.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
