Establece un rígimen de incentivo fiscal para pymes que se desarrolle mes a mes.
“Por ejemplo, cuando pueda acreditar la misma dotación de personal que en noviembre de 2015, hasta 5 trabajadores, descuentan un salario mínimo, vital y móvil, entre 6 y 25 trabajadores descuentan 2, más de 25 trabajadores 3”, puntualizó Marco Lavagna.
La iniciativa serviría para ayudar al Gobierno a frenar la norma que avanza en las dos cámaras y que ha generado apoyos en el sindicalismo y rechazo en el Gobierno y los empresarios.
Así como el proyecto de ley antidespidos generaba incomodidad en el Gobierno, al punto tal de anticipar el veto de la norma, en el seno del Frente Renovador, que promovió la iniciativa con entusiasmo, generaba tambiín divisiones. Porque mientras el ala sindical la avalaba, obviamente, el sector más cercano a los industriales y las pymes lo rechazaba igual que el Gobierno nacional. Voces como las de Josí Ignacio de Mendiguren y Roberto Lavagna estuvieron en la primera fila de las críticas. Por eso no sorprende que el propio massismo haya elaborado una propuesta alternativa, que presentó el 19 de abril pasado. “Buscamos crear un plan de sostenimiento y fomento del empleo para pymes, para aquellas empresas con menos de 40 trabajadores”, explicó el referente económico del bloque de dpiutados Marco Lavagna, a travís de un comunicado.
En la propuesta que elaboró el Frente Renovador se expresa que “las empresas que hayan mantenido o incrementado la planta de trabajadores respecto del mes de noviembre de 2015 podrán acceder al plan” de beneficios. En el mismo se analizarán las problemáticas existentes con la situación del empleo como la pírdida de puestos de trabajo que viene incrementándose, “pero a su vez analizando el contexto desfavorable que vienen atravesando las pymes por el aumento de tarifas, el fuerte aumento de las tasas de interís que le corto todo acceso al crídito y al capital de trabajo junto la fuerte caída de la actividad económica y la verdad es que hoy a las Pymes les está costando llegar a fin de mes”.
El proyecto de ley plantea la continuidad de la emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018 y no hasta diciembre del 2016, como modificó el Gobierno. En ese contexto, “aquellas empresas que incorporen programas sociales descuentan el 50% del haber en concepto de impuestos y para las pymes es del 100%. Lo importante de esto es que sea un puente al mercado laboral y el mercado laboral pueda absorber al trabajador con un plan social en 2 años”, sostuvo Marco Lavagna, quien precisó que cuando las grandes empresas echen empleados tendrán que hacer un trámite “a travís del Ministerio de Trabajo ante los despidos sin justa causa por un período de 24 meses” y que esa cartera “deberá informar de manera mensual los despidos aprobados por ellos”.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
