Un plenario de Comisiones se reunirán para despachar el proyecto del Ejecutivo, luego de haber escuchado la opinión de especialistas y representantes de las comunidades indígenas.
El Frente para la Victoria en el Senado avanza a paso firme con el proyecto del Poder Ejecutivo que ordena el pago a la española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF, que podría obtener media sanción la semana próxima.
Las comisiones de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles escucharon este martes la opinión de especialistas y representantes de comunidades indígenas, y volverán a reunirse este miírcoles a las 12 con la intención de despachar favorablemente el proyecto.
La intención del oficialismo –que cuenta con el apoyo de los senadores del Movimiento Popular Neuquino- es alzarse con el dictamen favorable para darle media sanción y girarlo a la Cámara de Diputados dentro de una semana, mientras los bloques de la oposición de debaten entre el rechazo y la abstención.
En tanto, la Cámara baja tendrá un mes para abocarse al tratamiento de la iniciativa, ya que el 1 de mayo es la fecha tope pactada en el convenio con la empresa española para que el acuerdo obtenga aval del Congreso argentino.
El acuerdo ordena al Parlamento a aprobar una serie de títulos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares y tasas de interís que oscilan entre el de 8,25 y el 8,75 por ciento anual, a fin de indemnizar a la petrolera española por la expropiación del 51 por ciento de sus acciones en YPF, medida dictada por una ley en mayo de 2012.
La opinión de los especialistas
El exsecretario de Energía de Eduardo Duhalde, Alieto Guadagni, fue muy durdo con el acuerdo al advertir que “el problema principal de este contrato son los pasivos ocultos que no han sido tratados por el Tribunal de Tasación”, en alusión a los pasivos ambientales y los juicios que YPF afronta con empresas brasileras y estadounidenses.
“En cualquier acuerdo comercial, los pasivos ocultos son responsabilidad del vendedor, no del comprador: si compro una casa y aparece una deuda, ísta es del vendedor”, ejemplificó el ingeniero.
En cambio, el acuerdo mereció elogios por parte de Nicolás Gadano, exsubsecretario de Presupuesto durante la presidencia de Fernando De la Rúa y economista senior de YPF. “Me parece que es muy positivo que este tema que se abrió con la expropiación se cierre con un acuerdo. Hubiera sido muy complicado para Argentina que este tema siga en el tiempo. Cerrar este acuerdo es positivo para YPF, que necesita estabilizar su composición accionaria, y además YPF y toda la industria petrolera necesita socios y el conflicto con Repsol hubiera significado un obstáculo”, opinó.
Además, Gadano sostuvo que la compensación de 5.000 millones de dólares “está entorno a lo razonable” y, en relación a lo expuesto por Guadagni, aseguró que no hay pasivos “ocultos” porque precisamente “están en los balances” y son “información conocida”.
“Es conveniente el acuerdo”, ratificó el economista cercano al Pro tras la consulta puntual del jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto. En este marco, Gadano sostuvo que la decisión recuperar el control público sobre YPF requiere “revisar otras iniciativas a escala nacional y provincial”, entre las cuales mencionó la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos.
En tanto, quedó pendiente para este miírcoles la exposición de Gustavo Calleja, ex subsecretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín, convocado a pedido del socialismo.
Representantes indígenas
Por otra parte, representantes de la comunidad mapuche coincidieron en rechazar el proyecto y exigieron “ser escuchados” antes de avanzar en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
Martín Velázquez Maliqueo, miembro de la comunidad en la provincia de Neuquín, denunció que Repsol es “una firma que ha causado mucho daño al interior de nuestro pueblo” y agregó que “el Gobierno pretende avanzar sobre los espacios que aún están libres de contaminación”.
“Hay una gran deuda cultural y ambiental que (Repsol) deja sin saldar”, sentenció Velázquez Maliqueo, quien exigió la cuantificación de los pasivos ambientales de la empresa española.
Por otra parte, advirtió que “se está violando el derecho al consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades originarias sobre este acuerdo, siendo que Argentina “es uno de los pocos países que incorporó tanta legislación a favor de los pueblos indígenas”.
“Los pueblos originarios no tenemos ni voz ni voto en este Congreso”, coincidió Nilo Cayuqueo, otro representante de la comunidad mapuche.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
