Con motivo de la emergencia sanitaria las dos Cámaras del Congreso de la Nación avanzaron en la sanción de medidas específicas para adaptar sus procedimientos administrativos y parlamentarios habituales. La situación de excepción no impidió que las y los legisladores continuaran su labor.
Así, el 30 de marzo de 2020 la Dirección General de Comisiones (DGC) del Senado dio a conocer el nuevo instructivo de procedimiento para recibir los expedientes digitales de Mesa de Entradas y remitirlos a las comisiones pertinentes. En este caso nos enfocaremos sólo en una súper estratégica vinculada a esta sociedad postindustrial.
Un punto clave durante el pasado 2020 fue el cruce entre pandemia y el diseño de regulaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Algo esperable, dado que las nuevas tecnologías son el motor de todo lo que funciona sobre la faz de la Tierra. Los smartphones -entre otros dispositivos- se han vuelto ineludibles tanto para la vida de las personas como para el desarrollo de la economía, se trate de consumos , trabajo, ocio o estudios. Las estructuras de poder, sean grupos económicos, empresas, Estados y sus instituciones también necesitan estar conectados.
En este contexto, el sector TIC se ha desarrollado en un ecosistema con ciertas especificidades que lo caracterizan como tal: una economía de redes, con múltiples servicios, cadenas de valor (o blockchain) y actores sociales que viajan en constante flujo de datos. De acuerdo con el economista investigador Federico Bekerman, el sector TIC conjuga una economía de escala, alcance y densidad, estructuras empresariales con alta integración vertical (cadenas complejas) y alta concentración de proveedores, innovación tecnológica para actualización permanente y capacidad de respuesta, así como elevadas barreras de entrada que llevan a un monopolio natural con crecientes niveles de concentración.
Se trata de un sector muy particular, en tanto es uno de los que genera “el insumo más transversal de todos los sectores de la producción, puesto que la comunicación es utilizada por todos los actores productivos”, explica el académico. En tal sentido, los saltos tecnológicos en el sector TIC han impulsado el desarrollo de otros sectores, reconfigurando el sector productivo económico en su conjunto.
En suma, impacta transversalmente en el desarrollo individual de las personas, así como en numerosos y diferentes sectores productivos del país. En consecuencia, la función social que se reconoce en las TIC quedó de manifiesto con la pandemia, la cual expuso aún más las brechas de acceso. Las nuevas tecnologías se volvieron fundamentales para garantizar el acceso a la salud, la información, la educación y el entretenimiento. Por eso, como sostiene Marta Maule: “la regulación no es neutra, sino que refleja la matriz productiva de un Estado que cuenta a las TIC entre sus factores de progreso económico y social (o no): la actividad regulatoria en la materia reviste un carácter social, muchas veces cuestionada”. Maule coordina el módulo de Políticas TIC en el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
Conocer la agenda legislativa del Senado en materia de derecho a la comunicación en general y en lo que hace al sector TIC en particular, resulta de interés para relevar cuales fueron las políticas impulsadas durante la pandemia.
Fuente: PostPeriodismo
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