El objetivo central de la política es reducir, en la medida de lo posible, los costos laborales no salariales para aquellas empresas de baja productividad.
El proyecto apunta a fortalecer las facultades nacionales para llegar mejor a regiones y sectores rurales donde el Estado nacional llega menos y en los cuales el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen niveles de rentabilidad altísimos.
Se crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán, desde la anulación de subsidios estatales hasta la pírdida de beneficios impositivos.
Se amplían dos instrumentos actualmente existentes para fomentar la contratación de trabajadores formales
Fuente: edicioncalificada.com.ar
