Irene Hartmann (Para Clarín). 31/08/2022 17:26.– Preocupados por no poder sostener su atención con normalidad, prestadores de servicios para personas con discapacidad se hicieron oír esta semana, en reclamo por demoras en los pagos que deberían haber recibido de las obras sociales a las que facturan. Acá, los ribetes de una historia poco clara, que involucra acusaciones cruzadas en el propio Estado, varios millones de pesos y miles de personas que son el jamón de un sándwich difícil de tragar.
Poco clara, porque, mientras prestadores adherentes y no adherentes al paro de 72 horas convocado por algunas asociaciones aseguran estar “tejiendo y destejiendo” por sus honorarios impagos (en el mejor de los casos, desde hace un par de semanas; en el peor, desde mayo), los organismos oficiales involucrados en esa ancha cadena de pagos se vienen mostrando sorprendidos por los reclamos. Aseguran ser ajenos al problema.
Hablamos de varios actores. Las obras sociales, la AFIP, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hasta el Ministerio de Economía.
El Ministerio, porque publicó un tuit en el que aclara que, si bien están recortando ahí donde observan que se subejecuta, no se metieron con el tema “discapacidad”.
Las obras sociales, porque salieron a decir que no recibieron el dinero que debía llegarles para pagar a los prestadores.
La ANDIS, porque su titular, Fernando Galarraga, explicó en varios medios (incluyendo este) que todo está en orden, salvo algún caso puntual.
La AFIP, porque aunque es el ente que recauda los puchitos de los sueldos que van a parar a un fondo con el que luego las obras sociales pagan a los prestadores de discapacidad (la explicación es agotadora), aclaró a este medio que el problema no es de ellos. Que hicieron las cosas como siempre. Que el tema fue de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
La SSS, porque aclaró que lo que dice la AFIP no es cierto, que no cambiaron ninguna modalidad en relación a estos pagos, y que no tienen registro de que haya realmente una deuda.
Sin embargo, tres prestadores de salud con los que habló este medio aseguran que hay una traba del dinero en alguna parte. Que ellos no cobraron.
La ANDIS, el ente de la discapacidad
¿Qué significa ser prestador de servicios para personas con discapacidad? Es, desde una institución tipo “hospital de día” hasta una maestra integradora que acompaña –en forma personalizada– a un chico todos los días en la escuela.
O aquella institución escolar o terapéutica especializadas en la contención de las personas del sector. O el transporte para movilizarlas.
A cambio de su trabajo, estos individuos y entidades reciben un dinero. En general viene de las obras sociales que cubren a los usuarios involucrados.
Si la persona no tiene obra social, el pago viene de la ANDIS, a través del programa Incluir Salud. Son vías distintas por las que transita un dinero con finalidades parecidas.
En cuanto al dinero que sale de ANDIS, es básicamente parte del presupuesto de esa agencia, que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. “Como agencia transferimos todos los meses 3.000 millones de pesos a más de 1.200 instituciones”, confirmó Galarraga.
Las obras sociales y la discapacidad
En cuanto al otro circuito, el que sale de las obras sociales, es más complejo. Una alta fuente de la AFIP explicó que el problema que generó las protestas de estos días está precisamente en este punto.
En este caso, el dinero sale del bolsillo de empleadores, empleados y monotributistas. Del 9% que los trabajadores registrados aportan a las obras sociales (3 puntos le tocan al trabajador; 6, al empleador), aproximadamente el 17% va a parar a un fondo llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Es un fondo copioso. Mueve unos 17.000 millones de pesos. Solo el superintendente de Servicios de Salud tiene “firma” para mover ese dinero. De ese monto, a los prestadores de servicios de discapacidad les tocan 9.000 millones de pesos.
Y se mueven así: Fulano brinda apoyo escolar a Mengano, que tiene alguna afección. Emite una factura por la atención brindada, que entrega a la obra social de Mengano.
La obra social, a su tiempo (el pago se concretará 30 a 90 días después, según las condiciones que imponga la entidad) enviará la orden de pago a la Superintendencia.
La Superintendencia dirá “ok. Apruebo”.
Le mandará a la AFIP un excel con todos los “ok. Apruebo”: a quién y cuánto.
La AFIP, a través de una sección del Fondo Solidario de Redistribución llamado Módulo integrador, enviará directamente el dinero a la obra social.
Es importante aclarar que el dinero no pasa por la superintendencia, pero la superintendencia lo gestiona. La AFIP lo recauda y lo entrega a las obras sociales. Las obras sociales, a los prestadores. Como se dijo, de 30 a 90 días después de brindado el servicio.
Por qué se demoraron los pagos por discapacidad
Fuentes de la AFIP explicaron a Clarín que el problema se generó por un desfasaje en la entrega del excel mencionado arriba: la Superintendencia solía actualizar semanalmente eso de “cuánto entregarle a quién”, pero, en agosto, “cambiaron la modalidad e informaron todo junto, recién el jueves 25. Por eso los pagos se empezaron a liberar recién este lunes y algunos quedaron atrasados”.
“Esperamos que todo esté normalizado para el lunes de la semana que viene”, agregaron.
En el mismo organismo admiten que la SSS les avisó que iban a cambiar la modalidad de notificación de los pagos, pero como hace un mes cambiaron las autoridades de la AFIP, durante el traspaso de la gestión se olvidaron de avisar sobre el asunto.
En la Superintendencia, sin embargo, negaron cualquier cambio de modalidad. Clarín le pidió a la AFIP algún documento que certifique la recepción tardía de las órdenes de pago, algo que se aguardaba al cierre de estas líneas.
Hay que agregar que las personas con discapacidad en Argentina son más de 5 millones.
Las que tienen certificado de discapacidad (CUD) son 1,5 millones. Y las entidades y particulares inscriptos para facturar servicios de este tipo (salud, educación…) a las obras sociales, son 2.500.
Discapacidad y transporte, en la mira
Uno de los temas que generó malestar en estos días fue el borrador de un decreto que modificaría las reglas de funcionamiento descriptas arriba.
Hay cierta confusión sobre lo que busca modificarse, pero, explicó el director de la ANDIS, la intención es “mejorar el financiamiento del sector” a través de la “creación de un nuevo fondo, además del FSR (que seguiría en manos de las obras sociales)”.
Ese fondo lo manejaría el propio Galarraga: “Cuando se habla de mejorar el financiamiento lo que se analiza es de dónde van a salir los recursos para complementar el FSR, dado el déficit que tiene la Superintendencia, que este año es muy alto: más de 55.000 millones de pesos. Son cifras exorbitantes”.
Lo mismo dijo otra fuente del sector, también oficial, que pidió no ser mencionada, pero el comentario fue en otra dirección: se refirió con sorpresa al hecho de que la mitad de los 9.000 millones del FSR se utilicen en transporte de personas con discapacidad.
Galarraga no lo negó: “A diferencia de las otras prestaciones, sea salud o educación, el tema del transporte tiene que ver con que la prestación no está regulada y tiene un muy alto costo. Hay que clarificar cómo se paga, cómo se monitorea y qué requisitos se piden al transportista. Estamos trabajando para regular esa prestación. Es la que se lleva más recursos”.
Prestadores, tejiendo y destejiendo
Clarín habló con algunos prestadores, ansiosos por los pagos que no llegan.
Es el caso de Arabela, institución que da servicio de apoyo a la integración escolar y asistencia terapéutica integral. “Lo que debía cobrarse a partir del 20 de agosto, no se cobró. Somos responsables por el trabajo de 150 personas, entre colaboradores, gente contratada, empleados. Es una montaña rusa de nervios y estrés”, explicó una de sus directoras.
Una maestra integradora que prefirió resguardar su identidad y acompaña a una nena de una primaria pública porteña explicó que el último depósito que tuvo fue el 10 de julio. No aguarda un sueldo “salvador”, de todos modos: menos de 50.000 pesos por el acompañamiento cotidiano que le brinda a esta nena hace ocho años, en jornada simple. Tiene otro trabajo, claro.
Una tercera institución (que pidió no ser nombrada) ubicada en una provincia de la Patagonia y ofrece acompañamiento a personas con distintos tipos de discapacidad contó a este medio que el Estado (a través de Incluir Salud) les debe dinero desde mayo. Hoy se sostienen con las recaudaciones informales que ellos mismos realizan. Clarín le preguntó a Galarraga, ya que el dinero debería venir desde su área.
“Estamos al día. Siempre puede haber algún error de facturación o alguna cuestión individual, pero se revisa y se resuelve. No hay atrasos sistemáticos de nuestra parte”, aclaró.
Por la discapacidad, ¿al paro?
Arabela integra un sector que no adhirió al paro convocado esta semana. Si bien hay quienes detienen la actividad en nombre de los derechos de las personas con discapacidad, la mirada de las directoras de esta institución es otra.
“Es una falta al derecho a las personas con discapacidad, pero, más que nada, al derecho a la salud y a la educación de las personas con o sin discapacidad. Y en el caso de los prestadores, al derecho al trabajo. Sería importante poder decirlo sin pudor. Es el derecho a recibir un reconocimiento a través de un pago económico por un trabajo realizado”, apuntaron.
Y se lamentaron por el desgaste que generan estos episodios cíclicos: “No es casualidad que esto pase con discapacidad. Por lo menos una vez por año suele haber alguna situación económica de este tipo, al borde de un conflicto grande. Culturalmente la discapacidad está en un margen. Está conceptualizada como un sector deficitario, en pérdida. Lo económico es una expresión directa de esta significación social. Eso nos preocupa”.
MG
