En un plenario de las comisiones del Senado, el oficialismo reunió las firmas para avalar la iniciativa del PE y la debatirá en el recinto la semana próxima.
Sin complicaciones y luego de la exposición del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el Frente para la Victoria logró firmar el dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, enviado por el Poder Ejecutivo.
El proyecto contó con apoyo de los bloques de la oposición: la UCR, el peronismo opositor y el FAP-UNEN se mostraron a favor de los objetivos generales de la iniciativa, aunque formularon algunas objeciones, sobre todo al rígimen sancionatorio.
La intención del oficialismo es dar el debate en el recinto la semana que viene, el próximo miírcoles 30, para luego girar el proyecto a la Cámara de Diputados.
El presidente del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, consideró que el rígimen permanente para las microempresas de hasta cinco trabajadores es un “aporte importante”, pero cuestionó la “lógica sancionatoria” del proyecto.
En particular, Morales criticó que las microempresas que despidan a un trabajador o que figuren en el registro de incumplimiento pierdan el beneficio de la reducción de las contribuciones patronales, y en cambio pidió enfocar el tema desde “la promoción del Estado” a las pymes.
Del mismo modo, su par Laura Montero consideró que el proyecto implementa “un rígimen sancionatorio excesivo, que no va en proporción a los beneficios que se otorgan”.
En tanto, la peronista opositora Liliana Negre advirtió que “la ley no dice cómo se va a garantizar que no se vaya a desfinanciar el sistema de seguridad social”, al tiempo que el ruralista Alfredo De Angeli (Unión por Entre Ríos) alertó que, en el marco de las economías regionales, “muchos trabajadores que están con los planes no los quieren perder” por ser “blanqueados”.
Silvia Elías de Pírez (UCR) alertó que "el principal precarizador laboral es el Estado", al advertir que “no se puede legislar sobre hipocresías cuando desde las provincias mismas se realizan actividades que fomentan la flexibilización laboral”. En este sentido, se refirió al gobierno tucumano, donde "hay vacantes en los empleos públicos que no se cubren o se las designan personas que perciben planes sociales".
El proyecto
Según el texto, las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores serán parte de un rígimen definitivo por el cual no pagarán más contribuciones patronales.
En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año. El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.
Las pymes que violen este rígimen perderán estos beneficios y esto constará en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que crea el proyecto.
A su vez, la iniciativa contempla la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial, hasta ahora exclusivos para las actividades rurales, a otras ramas de la producción.
Durante el debate en el plenario de comisiones, el Frente para la Victoria dejó abierta la posibilidad de que el texto sufra una modificación en el recinto para que, en el marco de las economías regionales, las pymes que despidan trabajadores en caso de emergencia agropecuaria no pierdan los beneficios fijados por la ley.
El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales
En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) se incluirán las sanciones firmes impuestas por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, las provincias o el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios.
La permanencia en el REPSAL tendrá como duración máxima un plazo de tres años, aunque en los casos de sanciones judiciales por delitos contemplados en las leyes de Prevención de la Trata de Personas y de Prohibición del Trabajo Infantil se aplicarán los plazos contemplados en el Código Penal.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infracto permanecerá en el REPSAL por noventa días desde la fecha del pago de una multa.
De acuerdo al proyecto, los empleadores incorporados en este Registro no podrán acceder a programas o beneficios del Estado nacional o acceder a líneas de crídito otorgadas por bancos públicos.
Tampoco podrán celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción de compra, permutas, concesiones de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional, así como participar en obras públicas o concesiones de servicios públicos.
En tanto, si el infractor reincidiera en este Registro, se lo excluirá del Rígimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y se le impedirá que deduzca del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
