De manera mayoritariamente virtual aunque también con diputados presentes en la Legislatura, hubo diversas actividades de las comisiones de asesoramiento parlamentario que analizan los proyectos que luego deben ser debatidos y votados en sesiones ordinarias.
En tanto, por segundo día consecutivo se concretó la Audiencia Pública referida a modificaciones correctivas y adecuaciones del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, sancionado en diciembre de 2018. Por videoconferencia hubo una numerosa y pluralista participación de vecinos, profesionales, corporaciones, organismos, asociaciones civiles, funcionarios y legisladores, bajo la presidencia de Victoria Roldán Méndez (VJ), de la Comisión de Planeamiento Urbano.
Por otra parte, la Comisión de Tránsito y Transporte, que conduce Cristina García (VJ) se aprestaba a emitir dictamen sobre un proyecto de la propia legisladora y otros diputados del bloque oficialista, destinado a aliviar la carga de responsabilidades sobre uno de los sectores afectados por las consecuencias de la pandemia y la emergencia sanitaria. Se trata de los responsables o propietarios de vehículos colectivos para el transporte escolar.
Las unidades de esa modalidad específica de transporte, que abarca a estudiantes de escuelas de gestión estatal o privada, deben ser renovadas tras cumplir los 20 años de antigüedad, además de ser sometidas anualmente a revisión técnica vehicular, según lo dispuesto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
Atento a la crisis del sector -casi paralizado por la suspensión de clases presenciales en las escuelas-, se busca aprobar en la Legislatura una “disposición transitoria, de manera excepcional” para que durante los años 2021 y 2022 no rija este requisito de recambio de autobuses, aunque manteniendo la obligatoriedad de la VTV anual.
Este martes también deliberaron diputados de las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que preside Laura Velasco (FdT), y de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, conducida por Victoria Montenegro (FdT).
En Derechos Humanos expusieron expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, en referencia a un proyecto de ley de la legisladora Montenegro, que impulsa la creación de un fondo para la investigación y actuación de esta entidad civil sin fines de lucro especializada en el análisis de restos óseos para identificar científicamente a personas desaparecidas, soldados desconocidos, víctimas de trata y femicidio.