Así se refirió Jorge Enriquez, diputado nacional por CABA en una entrevista con el conductor Sergio Gutiérrez en su programa radial “Edición Calificada” (los lunes de 14 a 15 hs en radio Zónica +) y también por Radio Edición Calificada. Brindó detalles sobre el proyecto de ley del bloque de Juntos por el Cambio que prevé endurecer las penas para quienes usurpen y organicen usurpaciones de tierras y propiedades públicas y privadas.
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Al ser consultado de si se debe castigar a los funcionarios que participan de las usurpaciones de terreno dijo: “Yo creo que no puede haber diferentes visiones porque hay un plexo normativo que nos rige a todos los argentinos que es la Constitución nacional, que es muy clara en su artículo 17 que dice que la propiedad es inviolable. Por eso, no puede haber otra interpretación que esta”, remarcó Enriquez. “Los funcionarios nacionales deben ser condenados por eso he presentrado un proyecto que es agravamiento de las penas en el caso que participen funcionarios públicos nacionales o provinciales, es lo que corresponde”.
“Las usurpaciones se hacen con la connivencia de funcionarios. En CABA el caso de la Villa 20, en la villa 1-11-14 que fueron alentadas desde el poder político, esto está demostrado. Cuando era Alicia Kirchner, Ministra de Seguridad Social, hubo escuchas telefónicas en virtud de las cuales ella alentaba las tomas indicando a los funcionarios de ella a los lugares que había que tomar y con la participación del envío de materiales. El poder político se abusa de una necesidad de la gente de tener el acceso a una vivienda y entonces mandan a realizar usurpaciones. Y un mensaje más oscuro todavía es que encima a la gente que usurpa se le da un subsidio para no cometer un delito. Hemos transformado nuestro país en el reino del revés, como la canción de María Elena Walsh”.
“Por eso, nosotros hemos presentado un proyecto de agravamiento de las penas del artículo 181 del Código Penal y el agravamiento cuando se trata de la participación de funcionarios públicos, como fue el caso de la usurpaciones de terrenos en Entre Ríos, en campo de la familia Etchevehere, donde intervinieron activamente, por caso de la Directora de Acceso a la Justicia que durmió en el campo y que trató de enmascarar en violencia de género cuando si había violencia de género existía tanto para Dolores Etchevehere como para su madre. Y también se quedó a dormir Victoria Donda (Interventora del INADI), que señaló que había un tema de discriminación allí”, cuestionó el diputado nacional Enriquez.
Agregó: “Funcionarios que miran para otro y por omisión se transforman en ser cómplices. Si está intervieniendo la justicia no tienen por qué estar ellas ahí. El Presidente y el Jefe de Gabinete Cafiero lo trataron de hacer ver como un conflicto entre privados, una cuestión de ricos, con un exceso verbal tipo clasista con desprecio hacia los ricos. Creo que el presidente antes de asumir vivía en Puerto Madero y cuando termine su mandato va a ir a Puerto Madero, los vecinos no van a estar muy contentos que ahora hable mal de los ricos, él es muy clasista con el sector social, son expresiones que no contribuyen en un momento que estamos sufriendo una situación de pandemia sanitaria, económica y en materia institucional violentar la propiedad privada”.
El diputado nacional por CABA destacó: “Por suerte hubo jueces que actuaron con absoluta dignidad e independencia, por cumplir con su función”.
“Los funcionarios que participen de tomas van a ver agravado las penas de 4 a 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese período. Estamos escribiendo una norma que en cualquier país del mundo no se debería escribir porque nadie en su sano juicio puede pensar que un funcionario público va a estar avalando una usurpación”, dijo Jorge Enriquez en diálogo con Edición Calificada. Explicó que actualmente la pena que recibiría por usurpación un funcionario público sería de 6 meses a 3 años “pero como acá parece que no se le aplica una pena a nadie de hecho, si no tiene una condena pendiente, se transforma en una pena de libertad condicional, por eso lo queremos llevar a un mínimo de 4 y un máximo de 8 años y agravado en el caso de funcionarios públicos”.
Por último, el diputado nacional dijo: “Apostamos al efecto disuasivo y pedagógico de la norma, hay funcionarios que piensan que la ley es una vara que no es rígida, sólo para el común de los mortales que somos nosotros, y para ellos es algo que puede ser vulnerado”.
Edición Calificada
