(Parlamentario).- La iniciativa que crea un área marina protegida tuvo cuestionamientos en el Senado, donde alertaron sobre la falta de información científica suficiente, la falta de recursos para controlar y monitorear, y la afectación que habría sobre la pesca nacional.
El Salón Arturo Illia del Senado fue escenario este miércoles de un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Presupuesto y Hacienda, que continuaron el análisis del proyecto de ley que crea el área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que este año podría perder estado parlamentario.
Fue una reunión informativa, de la que tomaron parte representantes del Poder Ejecutivo y representantes de Intercámaras (entidad que agrupa a las Cámaras Empresarias CEPA, CAPECA, CAPA, CAIPA, CAABPA, AEPC, UDIPA, CAFREXPORT Y CAPIP), todos los cuales expresaron sus fuertes reservas respecto de la implementación de esta iniciativa. Cuando no las críticas abiertas hacia una iniciativa que, sobre todo desde el sector empresarial, ven con ojos críticos.
Presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi resaltó que ya hubo otras reuniones informativas, habiendo participado de la última organizaciones no gubernamentales, mientras que reservaron para esta jornada el espacio para representantes del Ejecutivo. “Pretendemos con mucha responsabilidad hacer de este debate lo más abierto y plural posible”, expresó la senadora Terenzi.
En primer lugar expuso el ministro Gabriel Herrera, coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien planteó cuáles han sido las principales observaciones que Cancillería que vienen planteando desde 2022 sobre el proyecto. Consideran que el mismo requiere mayor análisis y estudio, por cuanto en principio “no hay información científica suficiente que justifique la extensión del área y que se le asigne la mayor categoría de protección”.
Señaló que se trata de un área de interés científico “enorme, de enorme riqueza, pero no se cuenta con información científica que permita determinar qué es lo que queremos proteger, para qué queremos protegerlo y de qué queremos protegerlo”.
Herrera agregó que en el área proyectada subsiste un régimen jurídico con dos normas diferenciadas. En la columna de agua, hay libertad de navegación y pesca; en la plataforma continental, se aplica el concepto según el cual la Argentina goza de derechos soberanos para la explotación sobre el lecho y subsuelo, “lo cual genera desafíos y posible colisión de normas de derecho internacional”, planteó Herrera, para quien en definitiva el tema “no resuelve la pesca en la columna de agua adyacente: solo se puede aplicar al lecho y subsuelo”.
“Esto puede llegar a generar conflicto a la hora de monitorear y controlar el Área Marina Bentónica Agujero Azul”, agregó el funcionario, que precisó que “habría dificultades muy grandes a la hora de probar que terceros estados efectúan o no pesca de arrastre, por ejemplo”. Añadió que Agujero Azul es un área que tiene el tamaño de Mendoza, con profundidades que van de 100 a 200 metros en algunas partes, a otras de 4.000 y 5.000 metros. “Complica aún más las tareas de monitoreo y control para cumplir las medidas de conservación que prácticamente son totales, de acuerdo con lo que dice la ley”, señaló. Herrera contó que hay entonces “una serie de actividades que no se van a poder visualizar” y recomendó “visualizar de qué manera el Estado argentino está en condiciones de llevar adelante ese control y con qué medios”.
En otro pasaje, sugirió a los senadores convocar a Prefectura y el Ministerio de Defensa, por cuanto sería importante que fueran escuchados para ver cómo llevar adelante esos controles.
Por último, señaló el aspecto relacionado con la investigación científica marina: la creación de esa área protegida podría complicar que se efectúen actividades de investigación científica marina por parte de terceros estados.
Cuando el senador Víctor Zimmermann, le preguntó sobre el costo fiscal, confió que “no hay análisis sobre costos” y esa es otra observación que hacen al proyecto.
A continuación expuso Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, quien recogió esa última referencia sobre costos para advertir que si alguna empresa argentina contara con cuotas de pesca y se prohibiera la actividad en el área en cuestión, tendría claramente un perjuicio.
“Existe parte de investigación que demuestra la importancia que tiene el área, pero estamos bastante lejos de tener un concepto acabado de lo que allí sucede. Hay cuestiones innegables, como algunos cañones submarinos que han sido protegidos incluso por flotas pesqueras que operan en el área”, señalo Navarro.
Agregó que si bien ese conocimiento resulta “importantísimo” y que “estamos de acuerdo en que si se requiere protección, debe hacerse, estamos lejos de poder identificar esta situación”.
Recordó la funcionaria que ya se cuenta con la Ley Nacional de Pesca, que data de 1997, y que obliga a hacer una administración bajo un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta las personas que viven de ese recurso. “Siempre que se hace una explotación, o que se permite una actividad económica pesquera, se tienen en cuenta las vulnerabilidades”.
“Hemos ejercido derechos soberanos en el área. Allí se explota la vieira, la centolla, y ya existen medidas establecidas para el caso de que las empresas deseen explotar esos recursos. En el caso de la pesca de vieira, hay espacios de protección en nuestra plataforma. La explotación de este recurso más allá, implicaría tener zonas de reserva en el marco de la política pesquera para esos casos que sean únicos”, señaló. La directora de Planificación Pesquera agregó que “se han hecho viajes exploratorios, pero depende de que las empresas encuentre rentable o no lo que se encuentra en ese lugar, por eso tenemos el interés de seguir investigando”.
En otro pasaje de su exposición, Navarro confirmó que “no tenemos evaluación del costo que esto podría implicar para el control de la pesca, pero sí sabemos que en nuestro caso tenemos claramente el control de la pesca ejercicio sobre la flota, y esto eliminaría a nuestra flota de esa área y dejaría al resto de las flotas que operan en el área fuera de nuestro alcance. Para nosotros sería un enorme retroceso para nuestra flota: tenemos que salir del área y dejarla en manos de los que podrían operar en el área”.
Puso otro ejemplo con la pesca de arrastre en esa zona, que se realiza por ejemplo con el calamar. Eso está en la columna de agua, esto es, fuera de la plataforma continental. “Y no podríamos regularlo –aclaró-. Para nosotros ería bastante más restrictivo en relación con otras flotas. Dejaría a nuestra industria pesquera en peores condiciones”.
“Desde la subsecretaría consideramos que el proyecto no nos beneficia en términos de actividad y el uso sustentable de recursos, nos pone en desfentaja con relación a otras flotas extranjeras, y si bien estamos de acuerdo en la generación de otras áreas protegidas, en este caso no hemos sido consultados, ni habíamos participado en la generación de este proyecto”, sintetizó.
Por el contrario, sugirió que este proyecto no permitiría al Estado argentino evitar que una flota extranjera pueda pescar. “La restricción que la Argentina pudiera poner sobre esta área o la flota argentina, solo beneficiaría que la flota extranjera que está en nuestra área adyacente pueda seguir haciendo lo suyo sin control”.
Luego fue el turno de Laura Tombesi, subsecretaria de Ambiente, quien detalló inicialmente la participación que su área tuvo en distintas áreas marinas protegidas. Consideró que Agujero Azul es “un área de importancia biológica y ecológica”. Ya contaban con datos de buques de investigación española que daban cuenta de la importancia de rasgos geomorfológicos importantes en la zona, como son los cañones submarinos, una zona de alta productividad y grupos marinos vulnerables a la pesca u otras cuestiones antrópicas.
Al hacer un análisis espacial del área que se pretende proteger, admitió que “es un poco extensa; tal vez no sea homogénea en toda su área. Habría que delilmitar un poco más el área”.
También contó Tombesi que hicieron referencia a la factibilidad de implementación del proyecto. “Cualquier política pública debe ser analizada en todas sus etapas: desde el diseño de un área marina protegida, hasta su implementación”, señaló y advirtió que “suele ser costosa en un área tan lejana a nuestras costas, también pensando en el monitoreo. Si decimos que vamos a proteger a las comunidades bentónicas, deberíamos poder monitorear eso que decimos que estamos protegiendo. Eso implica campañas de investigación, financiamiento para ello”.
“Hay que analizar el costo para implementar esta área”, cerró.
Por último, inttervinieron Darío Sócrate y Sofía Wholer, en representación de las cámaras de la industria pesquera. Wholer no anduvo con vueltas al señalar que “el sector se opone al proyecto. Existe una falta de procedimiento para establecer un área marina protegida”, explicó, precisando que “no existe un proceso participativo efectivo en el momento que se elaboren este tipo de proyectos. Para nosotros, los argumentos y la evidencia científica cumplen un rol fundamental para establecer un área marina protegida”.
“Tampoco se han hecho estudios que demuestren el verdadero impacto sobre la actividad entrópica en el lecho marino”, advirtió, enfatizando que “creemos que la información científica y de monitoreo para saber qué se está protegiendo y el nivel de impacto, es fundamental, y hay que establecerlo antes de crear áreas marinas protegidas”.
Agregó que “consideramos que hay una falta de identificación y cuantificación de los beneficios que para la población va a traer el área. No se hicieron los estudios, esto muestra que el balance costo beneficio no es positivo. Como está planteado el proyecto, ese balance es negativo, porque van a dañar intereses económicos de flotas que operan o van a operar en la zona”, y planteó también el costo que representaría para el Estado. “Creemos que no se prevé un mecanismo de financiamiento adecuado para garantizar la eficiencia del control de esta área”.
“No escuchamos cuánto dinero se va a requerir, ni si el Estado puede costearlo”, sintetizó, y finalizó diciendo que el resultado será “tener un área en papeles, donde no voy a poder gestionar, no voy a poder cumplir con la ley, ni serán tangibles los beneficios de los que habla. Solo que la pesca argentina no se va a poder desarrollar en esa área”.
Por último, Darío Sócrate advirtió que “los objetivos de un área marina protegida son proteger alguna cuestión del ambiente, no ordenar y administrar la pesca. Para que podamos hacer eso, hay que contar con los estudios científicos que permitan identificar qué se va a proteger y tener un esquema de participación suficiente”.
El representante de la industria pesquera argentina contó que solo habían tenido un contacto por zoom con la entonces diputada Graciela Camaño, impulsora del proyecto, en tiempos de pandemia, y que nunca más los habían invitado a participar, por eso agradeció la oportunidad brindada por los senadores. Y contó que ya hay áreas marinas protegidas que tienen algunos inconvenientes en su implementación expresa.
Explicó que si este proyecto fuera ley, se estaría tomando una medida unilateral sobre buques extranjeros, arrastreros, que están más allá de la milla 200, sobre la cual las autoridades marítimas internacionales no estarán de acuerdo. “Los demás países no solo no lo van a cumplir, sino que se van a quejar: doble problema”, resumió.
Sobre el final, Gabriela Navarro insistió en que el término “área protegida” es demasiado estricto, pues establece que allí “no se puede realizar ninguna actividad”. Y concluyó advirtiendo que al implementarla, debería haber un beneficio. “¿Quién aprovecharía el beneficio? Las medidas de protección que estamos tomando adentro, estarían beneficiando a los que puedan explotar afuera”, pues no se los podría controlar. Solo se controlaría a las empresas pesqueras nacionales.
