La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un proyecto de Ley que propone modificar el régimen penal aplicable a los menores de edad, y plantea una evaluación de la pena a los 20 años e instancias de revisión cinco años.
La diputada Lourdes Arrieta, del bloque Transformación, presentó un proyecto de ley que plantea adaptar las sanciones en los delitos cometidos por menores, en los casos como homicidio agravado y la violación seguida de muerte, y regula además la responsabilidad de los padres o tutores, en atención a su deber de supervisión y crianza.
A diferencia de la legislación vigente, el proyecto prevé que esto se aplique a los menores comprendidos entre los catorce (14) y dieciocho (18) años, que cometan delitos graves tipificados en el Código Penal, y que sean condenados con sentencia firme.
En este sentido, se propone una modificación sobre el régimen de imputabilidad y también sobre las penas que podrían recibir los autores del delito.
“En los casos de homicidio agravado, violación seguida de muerte y otros delitos aberrantes de extrema gravedad, el menor infractor podrá ser condenado a prisión perpetua, con revisión judicial obligatoria a los veinte (20) años de cumplida la condena. La revisión se llevará a cabo conforme a los criterios establecidos en el Código Penal y en los tratados internacionales ratificados por la Nación.
Para otros delitos graves, se podrá imponer pena de reclusión o prisión de hasta treinta y cinco (35) años, atendiendo a la gravedad del hecho y las circunstancias particulares del caso”, sostiene uno de los artículos del proyecto.
No obstante, también plantea la instancia de revisión de pena cada cinco años.
“La pena impuesta al menor será revisada cada cinco (5) años con el objetivo de evaluar su evolución personal, su grado de rehabilitación, su conducta durante el cumplimiento de la pena, y su nivel de reinserción social. La revisión podrá dar lugar a la reducción de la pena o a su sustitución por medidas alternativas de resocialización, conforme a lo dispuesto por este Código y las normativas vigentes”, propone.
En cuanto a los padres y tutores, el proyecto prevé que sean responsables legales del menor infractor solidariamente, por los daños y perjuicios causados a la víctima o a sus familiares, en los términos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esta responsabilidad se extenderá también a los gastos de tratamiento y reparación psicológica, educativa y social que se deriven del delito cometido por el menor.
Además, la propuesta legislativa emplaza al Ejecutivo nacional a “desarrollar y fortalecer los programas de prevención del delito juvenil, así como los mecanismos de asistencia psicológica, educativa, participación en actividades supervisadas por un equipo interdisciplinario de profesionales en minoridad, y capacitación laboral para menores en conflicto con la ley”.
Del mismo modo, exige que el menor en conflicto con la ley cumpla con la terminalidad de sus estudios de escolaridad secundarios, horas cátedras de oficio, artes y/o deportes, donde cumpla su condena; sumado a tareas comunitarias según sea considerado.
Entre los fundamentos, la diputada Lourdes Arrieta sostiene que “esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación social por el aumento de crímenes cometidos por adolescentes, especialmente en situaciones de violencia extrema, crimen organizado y delitos de alto impacto”.
Por otra parte, la propuesta también se ubica en una discusión mucho más amplia sobre cómo debe ser abordada la problemática del crimen juvenil y qué tipo de medidas deben implementarse, tanto a nivel penal como a nivel preventivo. “El enfoque punitivo, aunque necesario en ciertos casos, corre el riesgo de no tomar en cuenta las particularidades del desarrollo adolescente y las circunstancias que contribuyen al comportamiento delictivo en “crímenes aberrantes” en menores”, explica.
Para la diputada, “la inminente ola de inseguridad, sobre todo en casos delictivos en menores de edad, la falta de contención de un Estado ausente en distintas épocas, a niveles municipales, provinciales y Nacional; el flagelo del narcotráfico y el consumo desmedido de estupefacientes como ser el más cotidiano “paco” en los sectores vulnerables; la pérdida de incentivos en los niños y adolescentes frente a la falta de oportunidades de desarrollo en sus familias y entornos, encausan el desenlace de un final trágico para decenas de menores que enfrentan condenas de por vida, sin posibilidad de una reinserción comunitaria, condenándolos a cargar con una doble pena: la consecuencia de sus actos (que no está en discusión asumir la responsabilidad de los mismos) y el repudio de la sociedad; sumado a la vergüenza que enfrentan sus padres, tutores y familiares”.
“Amen de las causas que influyen en la falta de conducta de los menores condenados y/o privados de su libertad, es menester atender y respetar el dolor de los familiares de las víctimas, por un lado, y por el otro, suplir, acompañar y reinsertar a los adolescentes victimarios bajo los estándares internacionales y las leyes de contención de menores”, sintetiza la legisladora en los fundamentos de su proyecto.
“Si bien la inseguridad tiene múltiples causas, las cuales requieren medidas y abordajes a corto, mediano y largo plazo, eso no puede distraernos de la responsabilidad del Estado en castigar los delitos que se cometan en la actualidad. Pero tampoco podemos olvidarnos del rol resociabilizador que debería tener el sistema penal. El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, aprovechándose de su inimputabilidad, es un flagelo que vemos a diario en todos los grandes centros urbanos del país, incluyendo a mi provincia, Mendoza. La inseguridad en el Gran Mendoza es un tema más que preocupante y no se ven políticas que atiendan esa situación por parte del Gobierno Provincial”.
